El Cabildo zenú de Membrillal, conformado por 104 familias que residen desde hace 15 años en ocho hectáreas de ese barrio del sur de Cartagena, afronta días de incertidumbre.
La comunidad, que vive conforme sus preceptos ancestrales, y que se vio obligada a salir de sus tierras en Coveñas, Sucre, tras una incursión paramilitar en la que dos personas fueron asesinadas, el 9 de septiembre de 2001, teme verse obligada a un nuevo desplazamiento forzado. Esta vez, no por culpa de la violencia, sino porque a los predios donde residen 'les apareció un nuevo dueño'.
Leovigildo Castillo Suárez, máxima autoridad del cabildo, quien ostenta el rol de capitán, comenta que fue el primer miembro de esa comunidad en llegar al barrio Membrillal, luego de que, en aquel 9 de septiembre de 2001, fueran asesinados su hijo Manuel Enrique Castillo, y su hermano Dagoberto Martínez Castillo.
En esa ocasión, ocho hombres encapuchados, bajo el mando de alias Cadena, arribaron a su resguardo en Coveñas para asesinarlo.
Sin embargo, con agilidad, mientras era envuelto por el nerviosismo, Leovigildo Castillo logró esconderse del alcance de los matones. Pero sus seres queridos no contaron con la misma suerte. Ellos fueron acribillados a mansalva.
Los paramilitares, en aquel entonces, les dieron un plazo de 24 horas a 360 familias indígenas que vivían en sus propias tierras para que salieran del lugar.
Según Castillo, solo con la ropa que tenía puesta, partió de su tierra y llegó el 12 de septiembre de 2001 a Cartagena, donde fue acogido por unos allegados en el barrio Membrillal. Quince días después llegó su familia.
Tras el paso de un mes, según cuenta Leovigildo Castillo, ya eran 29 familias indígenas las que habían llegado a Cartagena tras la incursión paramilitar.
Un sargento pensionado de la Armada, conmovido por lo que estaba pasando, les cedió dos casas campestres del barrio Membrillal, y ahí comenzaron con sus propios cultivos y cría de animales.
No obstante, según Leovigildo, sentían que las dos casas eran insuficientes, por lo que decidió tocar puertas en la Alcaldía para buscar un predio más grande en ese mismo barrio. El número de familias había crecido de forma ostensible.
'Nosotros no queríamos ser limosneros. Entonces buscamos ayuda y conseguimos en 2002 un predio, de ocho hectáreas, que es donde hemos vivido hasta hoy', asegura Castillo.
Una propietaria
Sin embargo, según Castillo, en 2008, una mujer identificada como Noris Sánchez se acercó a los predios y, con unos documentos en mano, le dijo a la comunidad que era su propietaria.
'Hablamos con ella y acordamos que íbamos a pagar un arriendo de $1 millón 600.000, con opción de compra. Durante todos estos años, reuniendo entre todos las familias del cabildo, siempre cumplimos con el pago. Pero la señora se murió el año pasado y ahora nos notificaron de que las tierras le fueron vendidas a un privado, pero nunca se ha acercado acá. Lo peor es que ya nos mandaron una orden de desalojo', explica Castillo.
De acuerdo con el capitán del cabildo, cuando hicieron el negocio para arrendar los predios les dijeron que estaban avaluados en $348 millones. Pero con el pasado de los años, la promesa de compra aumentó a $1.140 millones.
Roger Suárez, secretario del Cabildo zenú de Membrillal, le dijo a EL HERALDO que la comunidad no tiene certeza de a quién le pertenecen los predios. Por ello, en representación del resguardo, sostuvo una reunión con miembros de la Agencia Nacional de Tierras, que se trasladaron de la capital del país hacia Cartagena.
'Me reuní con un representante de la oficina jurídica y una trabajadora social de la ANT, a quienes les expuse mi preocupación porque somos una comunidad protegida constitucionalmente y sentimos temor de quedarnos sin predios nuevamente. Lo que estamos pidiendo es que, bien sea ahí mismo en Membrillal, o en otros terrenos que pueda suministrar la ANT, se nos garanticen nuestros derechos como comunidad víctima de la violencia', dijo Suárez.
Según Suárez, tras la reunión, fue acordado con la ANT establecer, jurídicamente, a quién le pertenecen los predios de Membrillal, y el desarrollo de una nueva reunión en la capital del país.
En diálogo con EL HERALDO, Mileidy Galeano Paz, directora de la Unidad de Reparación Integral para las Víctimas en Bolívar, dijo que ha 'estado al tanto de la situación' y que su despacho 'le ha brindado apoyo' a la comunidad zenú de Membrillal.
De acuerdo con Galeano, a la espera de que se determine una solución de los predios del Cabildo zenú, la Unidad les ha 'brindado apoyo' por medio de planes productivos para el cultivo de sus productos con la participación de la Secretaría del Interior de Cartagena.
Por su parte, el secretario del Interior, Fernando Niño Mendoza, dijo que 'la Alcaldía ha estado al tanto de la situación y se ha solicitado el apoyo del Gobierno Nacional'.
'Además de los proyectos productivos, que incluyen ayudas como gallinas ponedoras y otros insumos, le hemos insistido a la Agencia Nacional de Tierras sobre la necesidad de que se priorice este caso del Cabildo zenú de Membrillal y se les garantice un territorio para vivir', puntualizó Niño.
