Un acuerdo sellado la semana anterior entre el Gobierno nacional, autoridades del Atlántico y la empresa Air-e se ha constituido en un primer paso para la consolidación de un plan estratégico que permita la reducción de las tarifas de energía en el Caribe colombiano.
Esta hoja de ruta busca materializar una serie de acciones que permitan responder a las necesidades de la región en materia energética a través de la suma de voluntades. Sin duda, un avance significativo tras varios meses de confrontaciones y divisiones alrededor de posibles soluciones.
Así lo recalcó el gobernador Eduardo Verano, quien destacó que los retos del sistema energético requieren de una nueva modalidad de gestión pública en la que todos los actores se involucren para superar cualquier obstáculo y avanzar hacia las soluciones.
En ese sentido, el ministro Andrés Camacho recalcó que estos acuerdos posibilitan avanzar en el “objetivo de abordar de manera integral los problemas energéticos que afectan al Caribe colombiano”.
Indicó, además, que esas soluciones para evitar que se sigan presentando cortes de energía en los municipios más pobres del Caribe van en sintonía con “la visión que tenemos desde el gobierno de transición energética: comunidades energéticas, techos solares, municipios energéticos y medidas estructurales y regulatorias para reducir las tarifas”.
En ese sentido, el ministro de Minas invitó a las empresas generadoras a sumarse a este proceso. Por eso, esta semana ha sido convocada una reunión en Barranquilla que pretende acordar nuevas alternativas para beneficiar a los usuarios de la región.
Por su parte, los alcaldes del departamento expresaron su respaldo a las acciones que se pondrán en marcha en el corto, largo y mediano plazo. En ese sentido, toma relevancia el proceso de normalización de los barrios subnormales, como una medida prioritaria para evitar nuevas medidas por parte de la compañía ante los bajos índices de recaudo.
“Hay que entrar en un proceso de normalización de estos barrios, donde nosotros tenemos que ayudarlos a ellos con la socialización de la normalización de estos barrios y con los proyectos de normalización de energía”, dijo el alcalde de Polonuevo, Óscar Avilez.
A su turno, Vanessa Torres, alcaldesa de Campo de la Cruz, expuso que están esperanzados en que este acuerdo permita una mejora para la situación de energía en los barrios, en especial, los que se encuentran en situación de subnormalidad.
“Ha sido un trabajo en equipo que empieza a dar frutos. Estamos trabajando juntos y eso ha llevado a que escuchen nuestras necesidades; eso también conllevará a que haya otros acuerdos a favor de la comunidad”, expuso.
Mientras que la alcaldesa de Manatí, Yaneris Acuña, resaltó el impulso que se dará al proyecto de Comunidades Energéticas desde el departamento: “Eso ayudará a calmar un poco los ánimos y que la comunidad entienda que estamos gestionando y trabajando por su bienestar”.
Más voces
En medio de este panorama, EL HERALDO consultó a líderes gremiales, autoridades y expertos con relación a las acciones que se requieren para que se garantice una baja sostenible de las tarifas de energía en el transcurso del segundo semestre del año.
Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, recalcó la necesidad de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) adopte una serie de medidas regulatorias para posibilitar una reducción efectiva de las tarifas de energía.
“El inconveniente está en que la Creg está prácticamente desintegrada y sin quórum para tomar decisiones”, cuestionó el experto en temas energéticos, en el sentido de que actualmente cuenta con solo 3 expertos en propiedad.
Acosta fue enfático al exponer que se debe eliminar el cargo por restricciones de la fórmula tarifaria actual. Puso de presente que dicho componente corresponde a atrasos en la ejecución de los proyectos: “Lo deben asumir los responsables de las mismas y no los usuarios”.
Dijo, además, que se debe aumentar el consumo básico o de subsistencia sobre el cual se aplica el subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3. Indicó que actualmente se encuentra en 170 kilovatio/hora por mes, pero debería ser hasta 250 kilovatio/hora por mes.
También sostuvo que las empresas comercializadoras en el Caribe colombiano deben minimizar la exposición en bolsa y maximizar la contratación de la compra de la energía a los generadores, “para así proteger a los usuarios contra la espiral alcista de los precios en bolsa”.
Acosta fue enfático al decir que el Gobierno nacional debe hacer efectiva su promesa de asumir la deuda de opción tarifaria de todos los usuarios del país. Es decir, que no solo se beneficie a los estratos 1, 2 y 3, sino también a los estratos 4, 5 y 6, así como los usuarios industriales y comerciales.
Juan Camilo Oliveros, director del Consejo Gremial de Bolívar, instó al Ministerio de Minas y Energía y la Creg a que “no dilaten más las acciones que deben adelantar para lograr disminuciones importantes en el costo de la energía del Caribe”.
El líder gremial aseguró que “un buen inicio es que el Gobierno cumpla su promesa de asumir la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3”.
Desde el sector energético
Por su parte, Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), indicó que aún no se observan decisiones regulatorias estructurales que permitan contar con tarifas eficientes.
“La Creg, que es la entidad que debe adoptar estas medidas, no está funcionando. Lleva más de dos años incompleta o en interinidad. Las medidas recientes del Ministerio, en su mayoría, son consultas o instrucciones para revisar el tema, sin impacto real”, enfatizó.
Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), recalcó la necesidad de contar con una Creg operativa e independiente para que se adopten las medidas regulatorias necesarias para que el sector avance.
Y José Camilo Manzur, director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), no ocultó que el proceso para asumir la deuda correspondiente a la opción tarifaria va a tomar un tiempo: “Eso requiere un instrumento que habilite al presidente a tocar ese tipo de movimientos. Y ese instrumento tiene que ser aprobado por el Congreso”.
Enfatizó que “es importante que el proyecto de ley que se presentará al Congreso lo hagan con mensaje de urgencia, que sea un solo artículo, para efectos de que se pueda tramitar mucho más rápido. Pero adicional a ello, por supuesto que se requieren unas resoluciones de la Creg sobre el mecanismo operativo, el instrumento para poder realizar esa operación”.
Planteamiento de usuarios
Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe, consideró que el acuerdo no resuelve la problemática de fondo de las tarifas eléctricas en la Costa y de las áreas especiales.
“No hay una rebaja sustancial a las tarifas eléctricas en el Caribe, a pesar de que ya estamos a mitad del periodo del presidente Gustavo Petro. En el acuerdo no se dice una sola palabra sobre el régimen especial tarifario contra los habitantes de la región y el Gobierno sigue sin recoger la opción tarifaria”, aseguró.
Alarcón también indicó que tampoco existen soluciones de fondo ante la “situación explosiva” en las áreas especiales: “Puede haber un agravamiento con la implementación de la medición inteligente AMI) y los cobros prepagos, que dejarían en las tinieblas a millones de costeños por no poder pagar anticipadamente, cuando una parte importante no lo hace con pagos posteriores al consumo”.
Air-e sostiene que es necesario que la Creg esté activa
Ramiro Castilla, gerente de Air-e en el Atlántico, no ocultó que muchas de las acciones regulatorias que se requieren para que la reducción en las tarifas de energía sea sostenible pasan por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
“Es importante que ese organismo funcione, que esté activo y que tome las medidas necesarias de cara a poder establecer las condiciones regulatorias que permitan viabilizar la prestación del servicio”, aseguró.
Dijo, además, que la Creg debe enfilar sus esfuerzos a contar con eficiencia en el costo unitario del kilovatio y que se pueda trasladar a los usuarios, así como “que las empresas podamos operar de manera adecuada bajo un escenario de viabilidad en la prestación del servicio”.
Se mostró confiado que sí la reducción de las tarifas de energía es sostenible y significativa se puede mejorar el comportamiento de recaudo: “Tenemos una brecha gigantesca a pesar de la mejora de la calidad que hemos ofrecido a nuestros usuarios, logrando reducciones de cerca del 60% en las horas de interrupción”.
Puso de presente que “hemos asumido el compromiso de hacer visibles las situaciones que se presentan en materia tarifaria en la región y que se le busquen soluciones en la que aportemos todos, incluyéndonos”.
Por último, Castilla dijo que la compañía ha emprendido una lucha contra el robo y pérdidas de energía, que también debería reflejarse en tarifas más eficientes para los usuarios de los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Avanzan gestiones del Gobierno
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, enfatizó que el Gobierno nacional viene avanzando en las gestiones necesarias para lograr materializar los beneficios en tarifas de energía eléctrica para los usuarios más vulnerables.
“Las tarifas de energía empiezan una tendencia a la baja”, destacó recientemente.
El ministro también dijo que “estamos trabajando para consolidar capacidad de generación energía renovable desde los municipios a través del programa Municipios Energéticamente Sostenibles como pieza clave de la transición energética”.
