Estas son las irregularidades en la gestión del contralor distrital
Auditoría General estableció ocho hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria y fiscal, tras revisar contratos del periodo de Acevedo.
Mal librada salió la gestión de Jesús María Acevedo en la Contraloría Distrital de Barranquilla. Luego de la realización de una auditoría exprés, la Auditoría General de la República evidenció ocho hallazgos administrativos, uno de ellos con presunta incidencia disciplinaria y tres con connotación fiscal por cerca de $37 millones.
EL HERALDO conoció en exclusiva el informe final construido por la Gerencia Seccional Barranquilla de la Auditoría General de la República, en el cual se argumentan los resultados del proceso auditor.
Dichos hallazgos fueron evidenciados luego de la evaluación realizada al proceso contractual y los procesos auditores o actuaciones de control fiscal en la Contraloría Distrital, así como la gestión adelantada en las indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, procesos de jurisdicción coactiva y procesos sancionatorios fiscales a la empresa Triple A.
Contratación. Tras evidenciar que las empresas American Lawyers Corporation S.A.S. y la Corporación Educativa para el Desarrollo Humano Integral de Colombia (CEDHIC) suscribieron contratos con la Contraloría Distrital y son representadas legalmente por Mayda Alejandra Plata Álvarez, la Auditoría realizó una revisión de los contratos suscritos con entidades públicas del nivel nacional o territorial.
De acuerdo con los registros del aplicativo SIA OBSERVA (Sistema Integral de Auditoría), la contratación de Plata Álvarez –como persona natural– entre 2019 y 2020 ascendió a $170 millones con entidades del Estado (Alcaldía), sujetas a control fiscal por parte de la Contraloría.
“Llama la atención que el objeto de un contrato suscrito en 2019 esté relacionado con la defensa de la Contraloría Distrital, en atención a un convenio interadministrativo celebrado entre la Alcaldía y la Contraloría”, resaltó la Auditoría General.
A través de American Lawyers Corporation S.A.S., Plata suscribió un contrato con Edubar por $71.5 millones, mientras que con CEDHIC ha suscrito dos contratos con la Alcaldía de Barranquilla. Tanto Edubar como la Alcaldía de Barranquilla son entidades sujetas a control fiscal del órgano de control seccional.
En total, Plata Álvarez contrató –como persona natural y como representante legal de las dos empresas– siete contratos por $3.823 millones con entidades del Estado, de los cuales la Contraloría Distrital tiene competencia en $3.741 millones.
Estos hechos serán puestos en conocimiento de la Procuraduría Provincial de Barranquilla y de la Fiscalía General de la Nación para las actuaciones pertinentes, agregó la Auditoría General en el documento final.
Estos son los hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales
El 31 de enero se suscribió un contrato para la actualización del manual de funciones y de competencias laborales.
Según lo determinado por la Auditoría, dicho contrato se firmó sin que el contratista (Luis Fernando Castro) tuviera la experiencia para el desarrollo del objeto contractual por lo que no se puede justificar el valor del contrato, lo que genera una observancia administrativa con presunta connotación disciplinaria.
En este ítem también se advierte de una connotación fiscal por la no entrega del objeto contratado, por lo que podría existir un detrimento al erario de $7.500.000.
Para la actualización en control fiscal, guía de auditoría territorial y contratación estatal, la Contraloría Distrital suscribió un contrato por $60 millones con la Corporación Educativa para el Desarrollo Humano Integral de Colombia (CEDHIC).
Empero, hubo deficiencias en los estudios previos puesto que en la descripción de la necesidad no se especificó el objeto social y la experiencia que debía acreditar el contratista.
Debido a que la situación ocurrió por falta de controles, la entidad debe adoptar los correctivos necesarios para que esta situación no vuelva a presentarse.
En el mismo contrato con la CEDHIC, la Contraloría Distrital pactó el 50% como pago anticipado, situación contraria porque el supervisor no había recibido ninguna clase de servicio.
Para el pago final, el órgano de control manifestó que se debía adjuntar original del acta de liquidación suscrita entre las partes, situación que tampoco ocurrió ya que el contrato fue certificado como terminado.
Para la Auditoría, la entidad no cumple las condiciones expuestas en la minuta contractual y actúa por fuera de ella para realizar los pagos.
En este caso tan solo se configuró una observación administrativa.
En medio de la crítica situación financiera de la Contraloría Distrital se suscribe un contrato para la realización de cuatro seminarios, de los cuales dos pudieron impartirse sin generar costos con cargo al presupuesto de la entidad.
La contratación de dichos seminarios afecta la austeridad en el gasto público, aumentando el déficit del ente de control fiscal territorial en $25 millones, de acuerdo con el valor de cada seminario registrado en la cotización presentada a la entidad.
Además, se contempla un incumplimiento de las normas que genera un presunto daño al patrimonio de la Contraloría.
El contrato fue suscrito para adquirir elementos de bioseguridad para funcionarios, usuarios y contratistas por la emergencia sanitaria, aunque no se cuenta con evidencia sobre su presencia en la sede de la entidad.
Para la Auditoría se evidencia falta de análisis y valoración de la necesidad al momento de planear la adquisición de los insumos, aunque se allegaron las evidencias de que reposan en las instalaciones.
Además, se puso de presente la falta de controles sobre los elementos por cuenta de los documentos que fueron suministrados con relación a su recibimiento.
La Contraloría firmó un contrato con la firma American Lawyers Corporation S.A.S. para la actualización del manual de contratación, en el cual se evidenciaron deficiencias en los estudios previos.
La Auditoría indicó que tras revisar el certificado de existencia y representación legal del contratista se evidencia que fue creada el 23 de octubre de 2019; es decir, no contaba con la experiencia para ejecutar el contrato.
Puso de presente que las certificaciones que soportan la experiencia carecen de validez al no surtir el trámite de inscripción en el RUP, poniendo en riesgo el recurso público.
Tras el escándalo en el que estuvo relacionada la Contraloría, la representante legal de la firma American Lawyers Corporation presentó un oficio sin fecha y sin membrete para solicitar la terminación bilateral del contrato.
El 28 de julio, el órgano de control liquidó el contrato aceptando “los débiles e infundados” motivos de la representante legal de la empresa, aunque en el clausulado no se consideran causales para la terminación por parte del contratista.
Y aunque existía la necesidad de actualizar el manual, se decidió terminar el contrato y no se garantizó la entrega del producto contratado, poniendo en riesgo las actividades contractuales.
El órgano de control territorial suscribió un control para la auditoría de reactivación bajo la norma NTC ISO 9001:2015, aun cuando –en aras de cumplir con la austeridad en el gasto público– es innecesario conservar una certificación de calidad ante la crisis económica que vive.
La Auditoría advirtió una falta de planeación estratégica y presupuestal para hacer un adecuado uso de los recursos públicos puestos a disposición del ente de control. En este caso se presentaría un detrimento de $4.972.200, lo que conlleva un incumplimiento de las normas y la generación de un presunto daño al patrimonio de la entidad.
