Un nuevo elemento se suma a la cadena de hechos que han sido denunciados sobre los manejos dentro de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla.
Ahora se conoció que la registradora (e) de la oficina, Trischa Toledo Kasimir –la reemplazante del suspendido registrador, Rafael Pérez Herazo–, desde 2019 está vinculada junto con 16 funcionarios más de la dependencia a una investigación interna debido a supuestos 'faltantes en pagos de derechos de registros'.
Desde diciembre de 2021, la Superintendencia de Notariado y Registro tomó la decisión de intervenir la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla debido al 'creciente' número de quejas por las presuntas irregularidades en la prestación de servicios, entre estos presuntas fallas en el reparto diario de documentos sometidos a registro, atraso en la calificación de los actos, la indebida confrontación de las matrículas inmobiliarias, así como problemas en los procesos jurídicos. La intervención se extendió hasta el mes de enero de 2022 y eso, aparentemente, derivó en la suspensión de Pérez Herazo.
{"titulo":"La vieja ‘herencia’ que desató un lío en Instrumentos Públicos","enlace":"https://www.elheraldo.co/barranquilla/la-vieja-herencia-que-desato-un-lio-en-instrumentos-publicos-885485"}
Sin embargo, hoy sale este proceso disciplinario interno de la Superintendencia, que se desprende del expediente No. 5496-2019 y se encuentra bajo el radicado SNR2019IE008630. En este documento, la funcionaria Toledo y los otros investigados les fueron formulados pliego de cargos, al parecer, por no haber 'verificado las liquidaciones y las consignaciones', en relación a unos trámites adelantados dentro de la oficina.
'En el informe final de auditoría realizado a la ORIP de Barranquilla se identificaron irregularidades en el recaudo de derechos de Registro de los meses de abril a diciembre de 2018 y enero de 2019', se lee en el documento.
De acuerdo con la entidad, dichas anomalías se reflejan en el manejo de los 'turnos de radicación', el manejo de las 'fechas', en 'números de escritura', 'el valor de la liquidación de los derechos de Registro', 'conservación documental', 'valor del certificado de libertad', 'el total de los derechos de Registro', 'el número de la consignación digitada en el sistema de folios', 'valores en comprobantes de consignación y la especificación del usuario (en sistema) con funciones de cajero liquidador', entre otros aspectos.
{"titulo":"Reemplazo del registrador no llega a Instrumentos Públicos","enlace":"https://www.elheraldo.co/barranquilla/reemplazo-del-registrador-no-llega-instrumentos-publicos-885045"}
En ese mismo sentido, de acuerdo con la investigación de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro, la registradora encargada 'en el ejercicio de su función de calificación', habría omitido su deber funcional de verificar la liquidación de los derechos de registro y sus respectivos comprobantes de consignación.
También, de acuerdo con el informe, generar notas devolutivas o cobros de mayor valor, según el caso, 'al no verificar las inconsistencias que se encontraban en la liquidación y las consignaciones presentadas para el pago de derechos de registro…'.
{"titulo":"Suspenden a registrador de Oficina de Instrumentos Públicos en Barranquilla","enlace":"https://www.elheraldo.co/barranquilla/suspenden-provisionalmente-registrador-de-instrumentos-publicos-de-barranquilla-884161"}
Testimonios
Según la investigación, la suma global del faltante en las arcas de la Superintendencia y que involucra a un total de 17 funcionarios de la ORIP de Barranquilla asciende a $150.064.600. Este dinero no se habría recaudado entre abril de 2018 y febrero de 2019, lapso en el que, al parecer, hubo un cambio de servicios de una entidad bancaria a otra dentro de la oficina.
'Acá había recaudos por una extensión de caja del Banco Popular que funcionó hasta el 26 de abril de 2018. El día 29 de abril dejó de funcionar la extensión y se inició con el recaudo de Bancolombia, entonces la gente llegaba y se les liquidaba. Ahí tenían que salir a Bancolombia. El día 2 de mayo de 2018 yo solicité al funcionario (…) la activación del usuario del Portal de Bancolombia para poder hacer la validación del pago que traían los usuarios y solamente hasta el día 25 de mayo fue que se activó', mencionó el interrogado.
De igual manera señaló ante la autoridad que 'en ese lapso no se podía identificar que efectivamente el dinero había entrado porque no teníamos las formas de validar ese pago (…). El usuario subía a mi oficina mostraba el váucher o la consignación que traía, ingresaba al portal y validaba que la consignación hubiese entrado', agregó la persona.
Así mismo, en la investigación también se determinó que, al parecer, en la Oficina de Instrumentos Públicos era usada, hasta dos veces, un mismo recibo de caja para el pago de una gestión en distintos usuarios. Ante eso, uno de los interrogados dijo: 'En cuanto a la reutilización de un pago que ya había sido validado por mi existen dos situaciones: la primera es que la persona podía tener dos copias de la misma consignación y las podía hacer sellar por mi dos veces ya que no tenía cómo controlar que ya había sido utilizado. La segunda situación que se podía presentar es que la persona no subiera y, a pesar de esto, se radicaba por el cajero el documento, sin la verificación del pago'.
'Sin herramientas'
En el caso de la registradora encargada, en una versión entregada a control interno dijo sobre los procesos que: 'los pagos de Gobernación estuvieron bien, pero los pagos que entraron a la oficina por derechos de registros bajo estos turnos (de trabajo), con recibos de pago Bancolombia, yo no tenía herramientas cómo verificar en el sistema, pues no contaba aún con la aplicación, la cual fue instalada en mi computador en junio de 2018, de manera que las consignaciones no tenían forma de ser verificadas'.
Frente a estas irregularidades, Control Disciplinario de la Supernotariado escaló el caso a la Oficina Jurídica de la misma entidad, con el fin de que dentro del marco de sus funciones 'determinen si es procedente compulsar copias de la presente actuación a la Fiscalía General, para denunciar la presunta incursión en delito de Falsedad'.
Este medio conoció que la funcionaria Trischa Toledo debe despachar de forma temporal desde la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, entre el 4 de febrero y el 4 de mayo de 2022. Esta decisión fue avalada por la propia Superintendente Goethny García luego de verificar el cumplimiento de requisitos de la funcionaria. (Ver recuadro).
'No está sancionada'
En relación a la escogencia de la funcionaria Trischa Toledo, la superintendente Goethny Fernanda García comunicó a este medio que 'no hay un fallo que demuestre una falta que la inhabilite para cumplir cualquier función al interior de la entidad. Reiteramos sus indicadores de eficiencia y calidad han sido demostrados en las tareas designadas'. Además, la funcionaria señaló que Toledo 'ha demostrado una gestión de calidad y una alta efectividad en el cumplimiento de las tareas a su cargo, por ejemplo, las encomendadas recientemente en la ORIP de Soledad, en donde se mejoraron los indicadores de desempeño a nivel interno y de atención al público'.
