Por Vanessa Redondo Peña
En Colombia se estima que el conflicto armado ha dejado más de 8 millones de víctimas, 8.650.169 para ser más exactos, de los cuales 232.287 se encuentran en el departamento del Atlántico.
Según estas personas, las luchas son diarias: contra el miedo de contar la verdad, contra el sistema para que lo cuente, con el dilema de autorreconocerse como víctima y con las trabas para que el Estado lo haga. Ni hablar de la reparación, pues todas las víctimas manifiestan lo mismo: es un proceso lento.
De las más de 232 mil víctimas en el departamento solo han sido reparadas poco más de 13 mil, y aunque los esfuerzos de las mesas de víctimas no cesan, la falta de recursos y las demoras en los procesos investigativos han sido una piedra en el zapato para que las víctimas gocen de procesos de acompañamiento y reparación justos y dignos.
Es importante mencionar que de las 232.287 registradas en el Atlántico, 220.449 son víctimas de desplazamiento forzado, lo que equivale al 88% de las personas.
Consecuentemente más de 18.300 han denunciado el homicidio de un familiar cercano, al igual que la desaparición de más de 3.321 personas.
En el Atlántico 4.215 víctimas han sido amenazadas, 1.124 han sufrido delitos sexuales, 282 han sido secuestradas, 285 torturadas y más de 900 han resultado afectadas en actos terroristas.
La mayoría de estas personas si bien no nacieron en el departamento, sí llegaron a él en busca de una mejor calidad de vida, o por lo menos en búsqueda de un refugio que los alejara del fuego cruzado de un conflicto en el que todavía no entienden, por qué resultaron implicados.
Es por esto que el Atlántico se ha perfilado como un departamento ‘receptor’, en el que entre 2012 y 2018 han sido invertidos más de $188 mil millones, de los cuáles 95.000 han sido entregados a las víctimas por materia de indemnizaciones, 88.858 empleados para ayudas humanitarias y más de 3.300 han sido invertidos en centros regionales.
No obstante para Alfredo Palencia, director seccional de la Unidad de Víctimas del Conflicto Armado, aún hay muchas inquietudes por parte de las víctimas que aún no han sido reparadas.
Argumentando que 'hoy por hoy el Estado no está en la capacidad de atender simultáneamente en materia de indemnización, a las más de 8 millones de víctimas que tenemos, por lo que tiene que hacerlo a números reducidos año tras año' lo cual explicaría que actualmente 218.839 personas en el Atlántico estén esperando ser reparados.
Día de las Víctimas
De acuerdo con el artículo 142 de la Ley de Víctimas cada 9 de abril debe conmemorarse el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado en Colombia, por lo que en las distintas regiones del país se organizan todo tipo de actos y eventos para promover el respeto y la visibilización de estos más de 8 millones de colombianos.
Este año la estrategia de comunicaciones de estos actos se basa en la flor ‘No me olvides’ símbolo de la memoria y la resiliencia con la que cuentan las víctimas de la violencia en el país.
Los actos del departamento estarán concentrados en Barranquilla, donde más de 300 víctimas se reunirán en el Museo del Atlántico para compartir muestras culturales, comics y relatos que manifiesten sus luchas, sus obstáculos y sobre todo las esperanzas que aún tienen.
Igualmente el evento conmemorativo contará con la participación de las autoridades departamentales y rendirá homenaje a Bernardo Cuero, líder de víctimas asesinado en Malambo.
'Cuando uno es víctima, sigue siéndolo por toda la vida'
Su nombre es Marta, y tenía sólo 7 años cuando tuvo que salir de su natal Ayapel, Córdoba, cuando grupos paramilitares se asentaron en el municipio y empezaron a apropiarse del territorio y de las propiedades de los locales.
Su padre que se desempeñaba como inspector del pueblo, fue el primero en ser amenazado de muerte. Ahí llegó hasta la finca La Juliana, en el municipio de la Zona Bananera en el Magdalena, sin embargo parece ser que la guerra se ensañaba con ella y su familia, y teniendo 15 años fue víctima de grupos guerrilleros que llegaron hasta la finca donde laboraba acusándolos de ser colaboradores de las células paramilitares que empezaban a asumir el control en la zona.
Con su hermana y un padre en silla de ruedas, llegó a Barranquilla para convivir con 10 personas más en un pequeño cuarto del suroccidente de la ciudad. Hoy tiene 3 hijos, se formó como líder en Derechos Humanos, hace parte de la Mesa Distrital de Víctimas, y está a la espera de finalmente, ser reparada.
'Yo les pido a las víctimas que nos hagamos visibles en una sociedad que nos margina'
Un 28 de octubre del año 2000 a las 3:45 de la mañana fue cuando empezó la tragedia de Victoria Polo con el asesinato de su esposo. Y aunque el hecho lo recuerda día a día, no ha sido impedimento para salir adelante con cinco hijos y convertirse en una de las líderes más importantes de la Mesa Distrital de Víctimas del Conflicto. Guillermo León Polo era el esposo de Victoria, un prominente ganadero del municipio de Salamina, Magdalena, que un día tuvo la valentía - o la mala idea- de postularse al concejo distrital.
Su candidatura llamó la atención de los líderes paramilitares que en ese entonces, y fue así como fue citado por un reconocido cabecilla paramilitar para participar en el famoso ‘Pacto de Chivolo’ por el que Jorge 40 buscaba construir un fortín electoral para hacerse con el poder político de la Costa Caribe.
La negativa de León Polo a participar de dicho pacto fue motivo suficiente para que hombres con uniformes militares tocaran a su puerta y le propinaran tres tiros. Salió del pueblo llena de miedo y llegó a Barranquilla para empezar de cero, aún pide justicia, reparación y verdad, pero sobre todo lucha día a día para que las víctimas hablen, exijan sus derechos y para que desde el gobierno se implementen políticas públicas que ayuden al proceso de superación de quienes lo perdieron todo por la violencia.
Uno de sus mayores esfuerzos es por sensibilizar a la comunidad para que no caigan en hechos de discriminación, al igual que impulsar a sus mismos compañeros para hacerse visibles 'en una sociedad que los margina constantemente y que le niega la oportunidad de trabajar, de acceder a créditos o a préstamos, desde el mismo momento en el que manifiesta su condición como víctima del conflicto de este país'.
