La falta de capacidad de las instituciones educativas públicas en el municipio de Soledad para atender la demanda de la población estudiantil sería la “excusa” para el presunto desvío de recursos a través de la asignación de becas.
Alcaldesa de Soledad contratará auditoría especial para revisar caso de becas
Tras los informes publicados por EL HERALDO alrededor de irregularidades en este proceso, una fuente –que pidió la reserva de su identidad debido a motivos de seguridad– dio a conocer algunos detalles de cómo funciona este “negocio”, en el cual estarían involucrados algunos grupos políticos del municipio.
De acuerdo con la fuente –que realizó una denuncia por este caso ante la Fiscalía–, los colegios privados que son contratados por la administración municipal son contactados por miembros de los grupos políticos para “negociar” el número de becas a asignar, así como la forma en que se dividen los recursos.
“Esta delicada denuncia debe tener las investigaciones a que haya lugar”
“La negociación varía entre una institución y otra. Por ejemplo, si el contrato es de $1.600.000 por beca, el colegio recibe el millón de pesos y los ‘encargados’ se quedan con los 600 mil restantes”, sostuvo la fuente a EL HERALDO, quien conoce a detalle la operación del sistema educativo en el municipio.
Añadió que otro de los ‘modus operandi’ corresponde al alquiler de pequeños colegios en los barrios para convertirlos en sedes de las instituciones que se encuentran habilitadas en el banco de oferentes, aún sin cumplir con los requerimientos de infraestructura.
“Ellos tienen la papelería lista. Lo que hacen es comprar los colegios que atienden a 50 o 60 niños, le hacen una oferta jugosa al dueño de la institución, así no se encuentre en el banco de oferentes”, expresó con vehemencia.
Mencionó que las autoridades autorizan y permiten el funcionamiento de hasta ocho sedes por colegio, a pesar de que la norma no lo permite, y para eso se escudan en que no existe cobertura en algunos barrios del municipio.
Dijo, además, que esto no es nuevo, que desde gobiernos anteriores se vienen realizando estas prácticas: “Contratan un auditor de ellos mismos y dejan pasar las cosas, esas son costumbres antiguas”.
La fuente también enfatizó que la norma no le permite a ninguna institución contar con un contrato de más de 1.300 estudiantes becados.
También contó que estas personas tienen carpetas con registros civiles de más de tres mil niños: “Por eso es que ellos hacen la contratación el primer año, cuando entra la alcaldesa. Ella (Alcira Sandoval), tal vez, es inocente del tema porque ellos presentan la documentación totalmente alterada”.
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Participación de políticos
Agregó que en este “carrusel de corrupción” también participan diversos servidores públicos: “A esas personas no les importa si el colegio cumple o no con los requisitos para ser habilitado como oferente. Dentro de cada organización hay personas encargadas de manipular la información y otros se encargan de la plataforma del Simat, donde se ingresan a los estudiantes”.
Puso de presente que un contrato puede ascender a más de $3 mil millones al año, teniendo en cuenta el número de becas que se le asigne a cada institución.
“Si el contrato lo continúan por los cuatro años, estamos hablando que una sola institución puede llegar a recibir alrededor de $12 mil millones”, indicó la fuente, que figura como testigo principal en el proceso que adelanta la Fiscalía en este sentido.
También aseguró que –durante el primer año de gobierno– los estudiantes sí existen: “Podrán haber estudiantes falsos, pero la gran mayoría existen. Ellos revisan que el niño esté allí efectivamente, pero para el segundo año se hacen modificaciones en el Simat para ingresar otros alumnos en diferentes instituciones”.
Explicó que el Simat presenta una “falla” que permite modificar algunos dígitos de los documentos de identidad de los menores. En ese sentido indicó que “se puede tener un niño verdadero hoy, pero el otro año se pueden ingresar hasta tres niños por un mismo documento”.
La fuente explicó que los padres de familia “ignoran” que los documentos de sus hijos estén manipulados: “A ellos solo les interesa que sus hijos estén estudiando. Es por eso que se requiere una veeduría por parte de los padres de familia”.
Agregó que mientras no se presenten denuncias por parte de los “verdaderos afectados”, no habrá cambios en el modelo de contratación de las becas.
“Como los colegios privados están implicados en el negocio, son permisivos; aquí hay gente que ha denunciado esta situación, pero es porque están respirando por la herida, no porque le duela los niños sino porque perdieron en el tema político. Si hubieran ganado seguramente estarían haciendo lo mismo”, puntualizó.
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Las necesidades educativas que se cubren en el municipio
La Alcaldía de Soledad, a través de su Estudio de Insuficiencia, indicó que solamente cuenta con 32 instituciones educativas oficiales que –en su mayoría– se ubican en el sector nororiental y suroriental del municipio.
Evidenció, además, que existe carencias de colegios oficiales en los sectores del Epicentro, Noroccidente y Suroccidente: “Se encuentra la mayor parte de la población vulnerable en edad escolar y extra-edad e incluso que están por fuera del sistema educativo”.
Por esa razón expuso que para la actual vigencia se debe cobijar –a través de la estrategia de contratación de la prestación del servicio educativo– de dicha población para evitar deserción escolar. Es decir, se garantiza la “continuidad” y “permanencia” de los 51.685 estudiantes que han sido atendidos por los establecimientos educativos del carácter privado. En ese sentido se debe ofrecer el acceso gradual a la población que se encuentra por fuera del sistema educativo.
Además, se debe priorizar a menores provenientes del Bienestar Familiar “de conformidad con la capacidad instalada y recursos presupuestales disponibles”.
