Un grupo de ciudadanos preocupados ante un posible desabastecimiento de energía en el país al considerar que existe una crisis estructural en el sistema energético del país que pone en riesgo el suministro de energía, decidió radicar una tutela para reclamar el derecho fundamental de acceder a la energía.
La acción que fue presentada por 11 personas de diferentes profesiones, entre ellos empresarios, , empleados, periodistas y amas de casa, fue interpuesta contra el presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Este trámite que tiene el respaldo técnico del Grupo Energía Bogotá (GEB) avanza en las altas cortes. Los accionantes argumentan que la falta de garantías para el acceso a la energía, frente a un posible desabastecimiento, representa una amenaza directa a la capacidad de trabajo y al desarrollo de la vida de los ciudadanos.
Este caso ha escaldo hasta la Corte Constitucional quien determinará este 30 de abril si selecciona la petición para revisión de fondo. Para los ciudadanos, esta acción judicial representa una oportunidad para que el alto tribunal analice un problema estructural que pone en riesgo el derecho de las generaciones presentes y futuras a contar con un servicio de energía continuo y eficiente.
Según los accionantes, esta situación ha sido provocada por el propio Estado, que tiene el mandato constitucional de garantizar este derecho fundamental para todos.
Empresas vinculadas
Garantizar los derechos fundamentales a través de los servicios públicos es hoy uno de los desafíos más urgentes del país. Por ello, el juez constitucional vinculó al proceso a entidades como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), gremios y empresas estratégicas, entre ellas el Grupo Energía Bogotá (GEB).
La intervención del Grupo Energía Bogotá respalda la necesidad de un pronunciamiento judicial que evalúe el impacto de las medidas actuales en la estabilidad financiera del sector y, en consecuencia, en la calidad del servicio para los usuarios.
