La Gobernación del Atlántico realizó una sesión que activa acciones concretas para fortalecer la protección integral de los niños, niñas y jóvenes que están siendo utilizados por las bandas delincuenciales. Estas acciones tienen un énfasis en la familia, teniendo en cuenta que son el primer entorno protector de esta población.
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En detalle, los encargados de liderar la segunda sesión ordinaria de la Mesa de Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar (MIAJFF) fueron la Secretaría de Salud Departamental y el ICBF. El espacio reunió a autoridades, sector académico e instituciones clave en la Universidad Autónoma del Caribe, con un propósito claro: articular respuestas frente a las violencias que afectan a la niñez en el Atlántico.
Las autoridades fueron enfáticas en diferenciar esta problemática del reclutamiento forzado: aunque no se registran cifras de este último en el departamento, sí existe una tendencia elevada de uso de menores en actividades ilícitas como el “campaneo”, motivadas por incentivos económicos, búsqueda de reconocimiento o necesidad de pertenencia.
El análisis institucional también evidenció situaciones complejas al interior de los hogares, incluyendo casos en los que familias pueden estar vinculadas o ser permisivas frente a estas dinámicas, lo que refuerza la urgencia de intervenir desde el núcleo familiar.
María Elena Menco, referente de Infancia de la Secretaría de Salud departamental, precisó que la administración departamental a través del programa de Salud Pública prioriza cuatro eventos críticos: violencia contra niños y adolescentes (incluyendo el uso por bandas criminales), la violencia sexual, embarazo adolescente y mortalidad infantil.
“La Gobernación del Atlántico pretende, a través de esta mesa intersectorial, impactar favorablemente a esta población. Estamos llamando la atención y enfatizando en el tema familiar, pues la familia es el centro de todas estas problemáticas y es a donde estamos apuntando”, declaró Menco.
Los datos presentados durante la Mesa evidencian la magnitud del reto: por ejemplo, en Colombia, 667 mil niños y niñas están en el sistema de protección del ICBF.
Asimismo, en el Atlántico, hasta febrero de 2026 se registran 13 muertes violentas de menores. Mientras que en marzo de 2026, 62 menores han sido recuperados de actividades ilícitas en el departamento. Y en el 2024 fueron recuperados 318 menores, y en 2025, 420.
Adicionalmente, la Policía de Infancia y Adolescencia alertó sobre el uso de redes sociales para promover conductas de riesgo, incluyendo convocatorias a actos de indisciplina, falsas amenazas a instituciones educativas y situaciones de acoso escolar, lo que evidencia nuevos desafíos en los entornos digitales y familiares.
Familia, el eje
En coherencia con este enfoque, el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) socializó la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, que redefine a la familia como sujeto colectivo de derechos y agente de transformación social.
Como parte de esta estrategia, se implementará un diagnóstico departamental para medir el estado de las familias en el Atlántico y orientar acciones más efectivas.
Al respecto, Lina Vargas, referente regional del SNBF - ICBF, señaló la importancia de esta alineación. “Nos articulamos para conocer cómo está el departamento en la atención a nuestras familias, sabiendo que son el eje fundamental de la sociedad. Creemos que si en el Atlántico tenemos familias fuertes, tendremos una primera infancia y una adolescencia fuerte, permitiendo que nuestros niños sean finalmente libres de todo tipo de violencias”.
Con la nueva Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias se redefine este núcleo como un sujeto colectivo de derechos y un agente fundamental para la transformación social, superando la visión tradicional que la limitaba a ser un simple objeto de asistencia.
Para asegurar su impacto en el territorio, la estrategia se articula en tres ejes de acción: reconocimiento y protección social, convivencia democrática y gobernanza. El primero busca garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales como salud, educación y vivienda, promoviendo además la conciliación entre los tiempos laborales y familiares.
Los ejes restantes se enfocan en la prevención de violencias a través del fomento de relaciones democráticas y el fortalecimiento de la capacidad de agencia de las familias, permitiéndoles participar activamente en el diseño y evaluación de los programas públicos que impactan su bienestar.
