El “inminente” cobro de una sobretasa de ocho pesos por kilovatio/hora para recaudar fondos que permitan aliviar la crisis financiera de la empresa Air-e ha dado paso a un nuevo capítulo de confrontación entre el Gobierno nacional y distintos sectores del sector energético.
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Aunque la medida ha sido defendida desde el Ministerio de Minas y Energía como un “salvavidas” ante la crisis que vive la compañía, líderes gremiales y expertos han asegurado que se requiere una verdadera hoja de ruta que permita superar los problemas de liquidez de los comercializadores de energía eléctrica.
José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), indicó que esta medida es muestra de “interés” y “voluntad”, pero recalcó la necesidad de que haya una “solución estructural”.
“El problema de liquidez de las empresas comercializadoras tiene que ver con subsidios, con la opción tarifaria, con la deuda de los usuarios oficiales, con el decreto que incrementó el anticipo de retefuente y con una resolución que tiene la Creg en este momento en revisión de la metodología de remuneración de la comercialización”, dijo el líder gremial.
Puso de presente que la actual deuda de la empresa tiene origen en la suspensión de la medida de limitación de suministro y la falta de acciones por parte del Estado para asumir la deuda de la empresa.
“El Estado es quien debe asumir las deudas de Air-e y no cargárselas a los usuarios, con independencia del tipo de usuario o del estrato al que pertenezcan. No vemos conveniente esta medida y hacemos un llamado al Ministerio de Hacienda y a la misma Presidencia de la República para que asuman las deudas de Air-e, que es una deuda del Estado”, recalcó.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, aseguró que se trata de una medida “poco ortodoxa” del Ministerio de Minas para atender una crisis que amenaza con extenderse a otros actores de la cadena energética.
“El Ministerio tiene una bomba de tiempo en sus manos. Si se revienta Air-e y sigue creciendo la deuda, otras empresas también se van a afectar y el sistema eléctrico puede colapsar. Y el problema, al final del día, sería un apagón para todo el país. No es solo para los tres departamentos, es para todo el país”, indicó.
Frente a los costos que esta sobretasa generaría a los usuarios, el líder gremial anotó que “se trata de un esfuerzo equivalente a cerca de un 1 % adicional en la factura mensual. Es decir, si una familia paga 200 mil pesos al mes, el incremento sería de aproximadamente 2 mil pesos”.
Expuso, además, que no hay claridades frente a su aplicación, puesto que no se ha conocido ningún documento posterior al que estuvo en comentarios en el mes de enero.
“Es una medida para recaudar recursos que alivien la situación y eviten que la deuda siga creciendo mes a mes. No es para pagar los 2,2 billones; esa deuda va a seguir ahí y, muy posiblemente, le tocará al siguiente gobierno enfrentarla. El problema es que no siga creciendo”, recalcó.
En ese sentido, explicó que lo deseable hubiera sido que el Ministerio de Hacienda hubiese priorizado recursos para destinarlos a la Superservicios y así poder apoyar a Air-e por medio del Fondo Empresarial.
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“Es algo que pasó en 2017 y en otras intervenciones. Esto no es más que cumplir la ley. La Ley 142 es muy clara: si usted interviene, tiene que garantizar que los sistemas intervenidos tengan los recursos. Hoy en día eso no está ocurriendo”, anotó.
Indicó que la situación financiera actual de la empresa Air-e comprende deudas por $2,2 billones, de los cuales, $1,5 billones corresponden a los generadores térmicos, $200 mil millones a generadores hidráulicos y $500 mil millones a los transportadores de energía.
“Esto genera una presión de caja muy grande para todas las compañías del sistema eléctrico. El riesgo no es solamente para los tres departamentos —Atlántico, Magdalena y La Guajira—, es un riesgo que puede trasladarse a todo el sistema”, anotó.
Análisis de expertos
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, puso de presente que han transcurrido 18 meses desde el inicio de la intervención de Air-e por parte de la Superservicios y esta no ha cumplido con su responsabilidad.
“El Fondo Empresarial que maneja la Superintendencia para estos casos no ha dado los recursos para que esta empresa pueda salir a flote. Lo que pretenden ahora es meterle la mano al bolsillo de los usuarios, cobrándoles 8 pesos por kilovatio/hora consumido para tratar de frenar la crisis de esta empresa”, anotó.
Indicó que se trata de “placebos” debido a que la deuda supera los $2 billones y el recaudo de la sobretasa sería por alrededor de $245 mil millones: “No es una solución para la problemática que afronta la empresa, que está poniendo en riesgo a las demás empresas a las que debe, particularmente a las generadoras, que están despachando energía y Air-e no les está pagando”.
A su turno, Lucas Ariza, experto en temas energéticos, expresó que el incremento sería cercano al 1 % por kilovatio/hora para aliviar la caja de la compañía que atiende a los usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
“Esta sería apenas una de las tantas medidas que impactarían el bolsillo de los usuarios, sin que exista, en el horizonte, una intención clara de defensa de los usuarios. Debemos prepararnos para lo que podría ser el inicio de un calvario de aquí a fin de año. Si no se alivia rápidamente la caja de Air-e, con la llegada del fenómeno de El Niño en los próximos meses y el encendido de las plantas termoeléctricas, la tarifa necesariamente tendrá que subir”, remarcó.
Y advirtió, de tajo, que el incremento de la tarifa será superior al índice de inflación de este año: “Incluso, podría hacerlo dos o tres veces por encima del IPC. La tarifa hay que frenarla y para eso, la Nación debe asumir el costo correspondiente”.
Defensa del Minminas
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, salió en defensa de la sobretasa contemplada para auxiliar financieramente a la empresa Air-e, que actualmente está intervenida por el Gobierno nacional.
“Que lo apoyen en la Costa uno dice que es lógico, pero lo apoyan desde Bogotá y desde Antioquia; es decir, distintas partes del país, quienes han entendido, como hemos dicho nosotros, que el problema de la costa Caribe no es un problema regional, es un problema nacional”, destacó.
En ese sentido, aseguró que este es un salvavidas que se le lanza a la compañía debido a las deudas que arrastra y que pueden generar una afectación a todo el sistema energético del país.
“Al final, alguien debe ayudar a contribuir. No fueron tres reformas tributarias que presentamos, que el Congreso le negó, que le negó al país, donde teníamos medidas destinadas al sector energético”, anotó.
Sobre el cobro en sí, Palma expuso que la directriz de la Presidencia de la República fue “proteger a los más débiles”, es decir, que no haya incremento en la tarifa para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
“Nos toca buscar una salida y este es el único salvavidas que tenemos para la empresa. Hemos tirado muchos salvavidas, más de orden regulatorio, como la posibilidad de que Air-e contrate energía de forma directa”, anotó.
Por último, el ministro Palma advirtió que el borrador no está sustentado en el decreto de emergencia económica decretada por el Gobierno: “Nosotros creemos que, como todo acto jurídico o administrativo, se tiene que sustentar en la Constitución y en la ley. Estamos en manos de los jueces y nos toca respetar las decisiones que ellos tomen”.
