El “inminente” cobro de una sobretasa de ocho pesos por kilovatio/hora para auxiliar financieramente a la empresa Air-e ha generado diversas reacciones entre el sector energético.
El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, aseguró que se trata de una medida “poco ortodoxa” del Ministerio de Minas y Energía para atender una crisis que amenaza con extenderse a otros actores de la cadena energética.
“El Ministerio tiene una bomba de tiempo en sus manos. Si se revienta Air-e y sigue creciendo la deuda, otras empresas también se van a afectar y el sistema eléctrico puede colapsar. Y el problema, al final del día, sería un apagón para todo el país. No es solo para los tres departamentos, es para todo el país”, indicó.
Frente a la medida a implementar, expuso que no hay claridades frente a su aplicación, puesto que no se ha conocido ningún documento posterior al que estuvo en comentarios en el mes de enero.
“Es una medida para recaudar recursos que alivien la situación y eviten que la deuda siga creciendo mes a mes. No es para pagar los 2,2 billones; esa deuda va a seguir ahí y, muy posiblemente, le tocará al siguiente gobierno enfrentarla. El problema es que no siga creciendo”, recalcó.
En ese sentido, explicó que lo deseable hubiera sido que el Ministerio de Hacienda hubiese priorizado recursos para destinarlos a la Superservicios y así poder apoyar a Air-e por medio del Fondo Empresarial.
“Es algo que pasó en 2017 y en otras intervenciones. Esto no es más que cumplir la ley. La Ley 142 es muy clara: si usted interviene, tiene que garantizar que los sistemas intervenidos tengan los recursos. Hoy en día eso no está ocurriendo”, anotó.
Indicó que la situación financiera actual de la empresa Air-e comprende deudas por $2,2 billones, de los cuales, $1,5 billones corresponden a los generadores térmicos, $200 mil millones a generadores hidráulicos y $500 mil millones a los transportadores de energía.
“Esto genera una presión de caja muy grande para todas las compañías del sistema eléctrico. El riesgo no es solamente para los tres departamentos —Atlántico, Magdalena y La Guajira—, es un riesgo que puede trasladarse a todo el sistema", aseveró.
Y recalcó que “si no hay pago al resto de los agentes de la cadena, en algún momento esos agentes van a levantar la mano y van a decir: yo no puedo seguir generando, yo no puedo seguir transportando; financieramente no aguanto este tema”.
Por su parte, José Camilo Manzur, director de Asocodis, sostuvo que los problema de liquidez “van mucho más allá”.
“Los problemas de liquidez de las empresas comercializadoras tienen que ver con subsidios, tienen que ver con la opción tarifaria, tienen que ver con la deuda oficial de los usuarios oficiales”, puntualizó.
Frente a la deuda aseveró que cuando hay una intervención por parte del Estado, es este “quien se debe hacerse responsable de asumir esas deudas y no cargárselas a los usuarios independientemente de qué tipo de usuarios son, de qué estrato pertenecen”.
Sobre las deudas, Manzur hizo un llamado al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia de la República para que las asuman, ya que “es una deuda del Estado”.
Finalmente sobre la propuesta indicó que esta “puede contribuir a aliviar en algo, pero no es la solución a un problema estructural".
