La Contraloría General de la República advirtió este miércoles que existe un riesgo de racionamiento energético en el país. Lo anterior, por el debilitamiento del almacenamiento, abastecimiento de hidrocarburos y energía eléctrica en el país, además de la entrada de nuevos proyectos y el no pago de deudas acumuladas del Estado a los prestadores del servicio de energía y gas.
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El Contralor General de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, durante la presentación de un informe del estudio sectorial, ‘Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia 2020-2030’, que abarca temas del sector gas, eléctrico y combustibles líquidos, precisó que la coyuntura internacional por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el escalamiento de tensiones en Medio Oriente ha incrementado la volatilidad de los mercados energéticos y la competencia global por hidrocarburos y combustibles.
Ante esta situación el organismo de control hizo un llamado para que se adopten medidas oportunas para fortalecer la soberanía energética del país, reducir la dependencia de importaciones, se asegure el abastecimiento interno, la estabilidad de precios y la protección de los recursos públicos.
Riesgo en la atención de la demanda del Gas natural
El informe señala que uno de los puntos más críticos es el del gas natural, que, según el estudio, en 2024 solo el 67% del gas extraído fue comercializado, lo que obligó al país a importar gas por primera vez para cubrir la demanda interna. A esto se suma la caída en las reservas, que reducen el horizonte de autosuficiencia a 5,9 años.
“La no adjudicación de proyectos de regasificación, particularmente en el Pacífico, así como la ausencia de redundancias en el sistema de transporte, incrementan el riesgo de desatención de la demanda desde 2026, especialmente en las regiones del interior del país y ahora se requieren soluciones urgentes, como la importación por Buenaventura y opciones en La Guajira y Coveñas (Sucre)”.
Reactivar la exploración
De acuerdo con el informe, el país requiere de manera urgente avanzar en reactivación y flexibilización exploratoria en contratos vigentes, desarrollo de infraestructura de importación y regasificación en la Costa Pacífica y La Guajira y en la implementación de almacenamientos estratégicos de combustibles para atender variaciones de demanda y contingencias operativas.
Estos almacenamientos, aunque ya en proceso de definición y reglamentación aún se demoran en estar construidos lo que impacta la vulnerabilidad del país ante imprevistos que afecten el suministro de combustibles.
Dependencia de la gasolina importada
También genera preocupación que cerca del 40% de la gasolina que se consume en Colombia es importada, lo que evidencia una creciente dependencia del mercado internacional y se demuestra que la eliminación de subsidios a combustibles es una necesidad real ahora que ya no se produce todo lo consumido internamente.
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“El Acpm va por la misma dirección, si bien los requerimientos de importación aún son bajos el no tener más proyectos de refinación en el país implica que dichas necesidades crecerán con el tiempo y por ende los subsidios relacionados a estos combustibles”, explicó Rodríguez.
Asimismo, advierte el estudio que la planeación energética no ha logrado articular el crecimiento de la cobertura con la garantía de abastecimiento. "Esta desconexión podría traducirse en racionamientos, incrementos tarifarios y mayores brechas de inequidad en el acceso a los servicios".
En el sector eléctrico, pese a los avances en cobertura, aún más de 1,3 millones de viviendas no cuentan con servicio, mientras que persisten problemas de calidad, especialmente en zonas rurales y regiones con operadores en dificultades.
“Persisten brechas de acceso que superan 1,3 millones de viviendas sin servicio, cuyo cierre demanda inversiones superiores a $32 billones, así como marcadas desigualdades territoriales reflejadas en los indicadores de continuidad del servicio”, afirmó
Transición energética
La Contraloría también se refirió a la transición energética, señaló que frente al crecimiento de las fuentes no convencionales de energía renovable para el 2030 se espera que representen una tercera parte de la generación de electricidad, esto si no se logra la entrada en operación de los 1.200 MW que están pendiente por desarrollar del proyecto Hidroituango.
El estudio también hace énfasis en la necesidad de fortalecer la resiliencia del Sistema Interconectado Nacional, (SIN) mediante medidas que otorguen mayor flexibilidad operativa, entre ellas el desarrollo de servicios de almacenamiento de energía mediante baterías.
En esa misma línea, recomienda revisar y ajustar la meta de instalación de las baterías para que sea coherente con los escenarios de incorporación de nueva capacidad de generación renovable.
“La meta de instalación de almacenamiento mediante baterías prevista en el plan energético nacional en construcción, que es de 1.500 MW, debe ser revisada para aumentar de tal manera que corresponda con los escenarios de incorporación de capacidad de generación mediante renovables”, explicó el Contralor.
Finalmente, la Contraloría General de la República insiste en que la planeación energética debe articular de manera efectiva las metas de expansión de cobertura con garantías reales de abastecimiento, a fin de proteger a los usuarios, preservar la estabilidad tarifaria y salvaguardar los recursos públicos.
