Una vez más, líderes gremiales del sector energético manifiestan su preocupación por el futuro de la prestación del servicio de energía en el país ante el retraso por parte del Gobierno nacional en los pagos de los subsidios de energía y gas.
En ese sentido, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, advirtió que la deuda acumulada con las empresas comercializadoras, a la fecha supera los $3,6 billones, una situación que pone en riesgo la continuidad del servicio para millones de colombianos.
La líder gremial explicó que el retraso en el pago de los subsidios alcanza cifras preocupantes. En el caso de la energía, la deuda asciende a $2,6 billones a enero de 2026, mientras que en subsidios de gas llega a $1,04 billones.
A esto se le suma que la deuda continúa creciendo cada mes en cerca de $410 mil millones adicionales.
Gutiérrez recordó que las compañías del sector aplican estos descuentos directamente en las facturas de los hogares más vulnerables —principalmente de los estratos 1, 2 y 3— con la expectativa de que posteriormente el Estado les reintegre esos recursos. Sin embargo, señaló que dichos pagos no se están realizando de manera oportuna.
“La falta de pago de compromisos por parte del Estado genera un hueco financiero que amenaza la continuidad del servicio”, afirmó.
Riesgo para el sistema energético
La presidenta de Acolgen advirtió que, si el Estado no se pone al día con estos compromisos, el sistema energético podría quedarse sin la liquidez necesaria para operar.
“Esto no es responsabilidad de las empresas; es un saldo pendiente del Estado que pone en riesgo que la luz y el gas sigan llegando a los hogares. Además, las facturas de los usuarios podrían subir hasta 140 % y se pondría en riesgo la prestación del servicio”, expresó.
Como en ocasiones anteriores, la dirigente gremial reiteró que la falta de pago por parte del Gobierno podría tener consecuencias directas para los usuarios, entre ellas un posible aumento significativo en las tarifas de los servicios públicos, además de comprometer la sostenibilidad financiera de las empresas encargadas de la prestación del servicio.
Otras deudas pendientes
La presidenta de Acolgen también se refirió a otras obligaciones acumuladas en el sector, entre ellas $2,2 billones correspondientes a la Opción Tarifaria implementada durante la pandemia y $1,4 billones que adeudan entidades públicas por consumo de energía y gas.
Para el gremio, el impacto de estas obligaciones pendientes es significativo, ya que limita la capacidad del sector para seguir manteniendo los descuentos que actualmente benefician a millones de hogares.
Propuestas del sector
Ante este panorama, Acolgen planteó varias medidas para evitar una crisis en el sistema energético. Entre ellas, acelerar el pago de los subsidios pendientes, resolver la deuda acumulada por la Opción Tarifaria de la pandemia y exigir que las entidades públicas paguen oportunamente los servicios que consumen.
Finalmente, Gutiérrez afirmó que “el sector está listo para trabajar y evitar daños irreparables al país”.
