Ante la solicitud hecha por los propietarios y administradores ubicados en el Centro Gastronómico Muelle 1888 para reducir en un 20% la tarifa de contraprestación actual en sus establecimientos comerciales, el gobernador Eduardo Verano se pronunció este jueves para confirmar que se va a evaluar esta propuesta en los próximos días.
“Lo que ellos nos piden es un especie de apoyo económico durante la etapa de construcción de la vía de acceso a este atractivo turístico en Puerto, y es que se consideran algunas afectaciones porque muy poca gente está llegando por esta misma problemática. Entonces vamos a reunirnos con ellos para saber específicamente qué tipo de recursos necesitan para mantenerse a flote”, declaró.
En ese sentido, el mandatario explicó que: “la cuestión es que son casi 2.5 kilómetros de vía que se van a hacer en dos etapas y esto dura aproximadamente unos 7 meses por poco, entonces sí tenemos que tener en cuenta cómo se puedan ver afectados los comerciantes en este período”.
Mientras tanto, los comerciantes del Muelle 1888 resaltaron que otros factores que han generado afectaciones en sus ventas son: “la coyuntura económica actual en el país, el incremento de los costos operativos, y la falta de parqueaderos y baños”.
“Estamos convencidos de que un ajuste oportuno permitirá que los locales continúen operando, evitando cierres y fortaleciendo la oferta gastronómica del muelle, lo cual beneficiará a todas las partes involucradas a mediano y largo plazo”, señaló un documento firmado por los locatarios.
Por otro lado, la solicitud de los propietarios también propone una disminución del 50 % en la cuota fija de administración, así como la implementación de esquemas de cobro flexibles acordes al comportamiento real de las ventas, y un mayor apoyo logístico y estratégico en mercadeo y comunicaciones para fortalecer la promoción del Muelle 1888 como destino gastronómico regional.
Cabe resaltar que este oficio fue remitido a la Junta Directiva de la Asamblea del Atlántico, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación, a la espera de un acompañamiento institucional que permita encontrar soluciones concertada
