Propietarios y administradores de los establecimientos gastronómicos ubicados en el Centro Gastronómico Muelle 1888, ubicado en el municipio de Puerto Colombia, elevaron una solicitud formal a Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S., así como al gobernador Eduardo Verano de la Rosa, y a distintos entes de control, con el fin de que se revise y ajuste temporalmente los cobros por concepto de contraprestación y cuota de administración.
De acuerdo con el documento, los comerciantes argumentan que durante los últimos meses se ha registrado una disminución considerable y generalizada en las ventas, situación que ha impactado directamente la sostenibilidad financiera de la mayoría de los locales que operan en el muelle.
Entre los factores que han incidido en esta caída se mencionan la reducción del flujo de visitantes, la coyuntura económica, el incremento de los costos operativos, la falta de parqueaderos y baños, así como cierres viales realizados por la administración municipal, lo que ha dificultado el normal desarrollo de la actividad comercial.
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En la comunicación, los firmantes señalaron que actualmente muchos negocios están produciendo únicamente para cubrir arriendos, gastos administrativos e impuestos, lo que pone en riesgo la continuidad de las operaciones en el corto plazo.
Ante este panorama, los comerciantes solicitaron evaluar alternativas como la reducción del 20 % en el porcentaje de contraprestación actual, la disminución del 50 % en la cuota fija de administración, la implementación de esquemas de cobro flexibles acordes al comportamiento real de las ventas, y un mayor apoyo logístico y estratégico en mercadeo y comunicaciones para fortalecer la promoción del Muelle 1888 como destino gastronómico regional.
“Estamos convencidos de que un ajuste oportuno permitirá que los locales continúen operando, evitando cierres y fortaleciendo la oferta gastronómica del muelle, lo cual beneficiará a todas las partes involucradas a mediano y largo plazo”, señaló el documento firmado por los locatarios.
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La solicitud también fue remitida a la Junta Directiva de la Asamblea del Atlántico, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación, a la espera de un acompañamiento institucional que permita encontrar soluciones concertadas.
