Las nuevas cargas tributarias establecidas por el Gobierno nacional, a través del Decreto 044 de 2026, hacia las generadoras de energía han generado incertidumbre ante una posible “expropiación” de recursos y afectación a la estabilidad financiera de este sector, especialmente en la región Caribe.
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Estas medidas, descritas como de carácter “extraordinario” y “transitorio”, en el marco de la emergencia económica para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica, establecen en primera instancia una contribución parafiscal de 2,5 % que deberán pagar estas empresas sobre sus utilidades netas, antes de impuestos, de 2025.
A su vez, el Gobierno también dispuso de una contraprestación tributaria en energía direccionada a las empresas de generación hidráulica que participan en el Mercado de Energía Mayorista.
El mecanismo consiste en la entrega de un porcentaje de la energía efectivamente vendida en bolsa, destinada a garantizar la continuidad del servicio en las empresas intervenidas como Air-e, a cambio de un descuento en el impuesto de renta.
Sin embargo, entre los principales efectos que señalan algunos gremios, asociaciones de usuarios y expertos en el Caribe que tendrían estos tributos se encuentra el deterioro institucional y una futura sobrecarga que se trasladaría a los usuarios finales.
Al respecto, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico indicó que se estaría incurriendo en unas medidas “ilegales” para cubrir la insolvencia de la empresa Air-e, la cual adeuda cerca de $1.6 billones al sector eléctrico.
“El Gobierno impone nuevas cargas a las generadoras aparte de la sobretasa en las tarifas que está planteando en los usuarios para tratar de resolver la insolvencia de una empresa intervenida por ellos hace casi un año y medio y que no han podido solventar bajo el Fondo Empresarial de Superservicios”, comentó.
Puso de presente que “no tiene lógica que las empresas generadoras, las cuales son acreedoras de Air-e, tengan que pagarse a ellas mismas las deudas que les tiene esta empresa”.
Mientras tanto, los expertos en el Caribe fueron claros en que, “sin duda alguna, los incrementos en los tributos al generador se trasladarán en parte a los compradores vía mayor precio, es decir, estos mecanismos implican al final un aumento en el precio de la energía para todo el país”.
También, manifestaron que “la confianza institucional se ve afectada porque entonces el mensaje es que se puede intervenir una empresa, administrarla ineficientemente y luego hacer que los acreedores se autopaguen con más impuestos”.
Por su parte, el gobernador Eduardo Verano declaró que “hay que estudiar este nuevo impuesto, porque cualquier cosa que encarezca la energía, de una u otra manera, va a tener un impacto muy severo en el desarrollo económico”.
Otras afectaciones
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) explicó que esta medida conlleva a una alteración “injustificada” del marco jurídico vigente.
El país necesita invertir entre $10 y $13 billones cada año para asegurar su suministro. Cambiar las reglas de manera abrupta debilita la confianza para seguir invirtiendo, justo en un momento en que Colombia enfrenta un riesgo de escasez de energía firme”, señaló.
El gremio expuso entonces que “estas decisiones afectan el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad, el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables, y por lo tanto afectan la transición energética del país”.
“Según lo expuesto por Acolgen, con base en los datos de XM, el déficit puede llegar al 3,5 % en 2027, lo que hace difícil conseguir financiación y se considera una forma de expropiación de recursos”.
De igual manera, el Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua alertó sobre las afectaciones que pueden generar las medidas del Gobierno en las pequeñas centrales hidroeléctricas.
“Nos preocupa que el decreto imponga obligaciones homogéneas a todos los generadores, sin distinguir entre tecnologías, escalas ni estructuras financieras, afectando de manera directa a proyectos de menor tamaño”, dijo.
Explicó que “estas empresas operan sin capacidad de regulación hídrica, con márgenes ajustados y esquemas financieros altamente sensibles a cambios regulatorios imprevistos como los de este decreto del Gobierno”.
Anuncian mesas de trabajo con sector eléctrico, usuarios y el Gobierno
Con el fin de examinar el contenido y alcance del decreto 044/26, expedido en el marco de la emergencia económica, la Procuraduría General de la Nación instalará una mesa de trabajo con gremios del sector eléctrico, empresas generadoras y comercializadoras, el Ministerio de Energía, Hacienda, la Superservicios y liga de usuarios.
Según pudo conocer esta casa periodística, la reunión se llevaría a cabo la próxima semana.
Entretanto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, salió en defensa del decreto y fue enfático en que este mismo no afecta a los usuarios.
“Actuamos para evitar un riesgo sistémico real que podría dejar a millones de colombianos sin energía si no se tomaban decisiones oportunas y responsables. Este decreto no se traslada a la factura de los usuarios, no altera el despacho económico ni cambia el mercado”.
Por su parte, los gremios pidieron una revisión pronta por parte de la Corte Constitucional de la medida.
