Una vez más, este lunes, líderes del Comité No Más Peaje impidieron el paso vehicular en la vía Oriental en protesta por el supuesto incumplimiento del Gobierno nacional frente a las tarifas y la permanencia del peaje de Sabanagrande.
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La falta de claridad sobre el futuro de este y de los otros cinco a cargo de la concesión Autopistas del Caribe, que opera en el Corredor de Carga Barranquilla–Cartagena, cuya reversión inició el pasado dos de enero, puso el tema en el centro del debate entre los manifestantes.
El anuncio de la reversión del contrato de la concesión, sumado a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en redes sociales, en las que aseguraba que estos peajes serían eliminados, generó inicialmente un ambiente de celebración entre los líderes de los movimientos antipeajes, que interpretaron el mensaje como una victoria frente a sus reclamos.
En su momento, el jefe de Estado aseguró: “Liberamos de siete peajes el Caribe. Así lo haremos con la zona cafetera”.
Esta afirmación hizo pensar a la comunidad que se iniciaría el desmonte de las casetas de peajes de manera inmediata.
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Sin embargo, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Oscar Torres, tras las reiteradas protestas exigiendo la tarifa cero y el desmonte, aclaró desde el mismo peaje de Sabanagrande que el inicio de la etapa de reversión no implicaba el levantamiento de los peajes ni modificaciones automáticas en el esquema tarifario.
En ese sentido, explicó que la concesión continúa desarrollando sus actividades en “estricto cumplimiento” de las obligaciones contractuales, así como también continúa a cargo de la operación y el recaudo en las estaciones de peaje existentes.
Asimismo, recordó que, el 21 de julio de 2026, la concesión hará entrega formal de la infraestructura a la nación y será el Instituto Nacional de Vías (Invías) el encargado de su operación, incluidos los peajes.
Al respecto, Rubén Llanos, líder del Comité No Más Peajes, afirmó que se necesita que el Gobierno sea claro ante las declaraciones contradictorias.
Lo anterior, señaló, porque el presidente Petro habló sobre la eliminación de los peajes y ahora la ANI afirma que el recaudo sigue a cargo de la concesión.
“El Gobierno metió en el imaginario del pueblo que se van a eliminar (los peajes)... Cuando se ocupa un cargo público se debe brindar información precisa. No se puede dar a entender lo que a uno le quiere decir; hay que hablar con claridad. Eso no se hizo y hoy se están pagando las consecuencias”, expresó.
Para los líderes, la preocupación radica en que el Invías solo se encargará del mantenimiento de la vía y no se encargará de desarrollar nuevas obras.
Falta de claridades
Por su parte, Héctor Carbonell, director ejecutivo de la CCI Seccional Norte, afirmó que una vez este corredor vial pase a manos del Invías se presentarán dos escenarios críticos. El primero de ellos, explicó, es que esta entidad depende de un presupuesto anual aprobado por el Ministerio de Hacienda, el cual históricamente ha sido inferior a lo solicitado.
Y por otro lado, agregó, la vía Barranquilla–Cartagena por la Cordialidad no está incluida en el presupuesto de Invías para 2026, “lo que significa que actualmente no existen recursos asignados para su operación y mantenimiento. Por esta razón, aseguran que Invías continuará cobrando peajes mientras no exista una fuente alternativa de recursos”.
Advirtió que dejar de cobrar estos peajes —como reclaman algunos sectores— dejaría sin financiación el sostenimiento de la carretera.
Cuestionó que hasta ahora el Invías no ha presentado un plan claro sobre cuántas casetas quedarán operando ni cómo se garantizará el mantenimiento de la vía, lo que genera incertidumbre sobre el futuro del corredor.
“Sin una estructura financiera sólida, el deterioro de la carretera sería inevitable en menos de un año debido al alto flujo vehicular que soporta el tramo”, sentenció.
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