El pasado miércoles el Ministerio de Minas y Energía emitió un proyecto de resolución, el cual propone la democratización de las deudas acumuladas por las empresas intervenidas por la Superservicios mediante un cobro adicional de $8/kWh (ocho pesos por kilovatio-hora) a todos los usuarios a nivel nacional.
Al respecto, la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía -ACCE, en representación de sus empresas afiliadas, manifestó su rechazo a la medida por el impacto desproporcionado que pueda tener este acto administrativo en los usuarios.
“La propuesta es más un rescate financiero camuflado en la tarifa, que afecta directamente a los hogares y empresas que ya enfrentan altos costos en sus facturas de energía. Esta medida no considera la capacidad económica de los usuarios, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad, y contradice los principios de equidad y solidaridad establecidos en la Ley 142 de 1994”, mencionó a través de un comunicado.
Puso de presente que este cobro es inconstitucional: “en efecto, es por su naturaleza un acto de carácter tributario, un impuesto a los usuarios de energía que como tal hace parte de los temas que gozan de reserva de ley, esto es, que de manera exclusiva la Constitución establece que esto no puede ser expedido por una autoridad administrativa, sino únicamente por el Congreso de la República”.
Sumado a esto, ACCE fue enfática en que “no es justo ni razonable que los usuarios deban asumir las consecuencias de decisiones empresariales que no les competen. La solución a estos problemas debe provenir de mecanismos que responsabilicen a los actores del sector eléctrico, no de la imposición de cargas adicionales a los consumidores. Esto convierte a la factura luz en una “bolsa nacional de salvamento”, que lo que logra es que la mala gestión se socializa y la disciplina financiera desaparece”.
La asociación también declaró que esta medida transmite un mensaje equivocado al mercado.
“Con esta medida, no solo no se logrará reducir el riesgo financiero en el mercado de energía eléctrica, sino que no entrará ni un solo kWh firme nuevo al Sistema, o sea que, no se corrige ninguna falla estructural y no se mejora la señal para nueva inversión real. Solo se reparten los déficits. El mensaje al mercado es claro: “cuando el diseño falla, paga la demanda”, argumentó.
Según las comercializadoras, lo anterior podría marcar un precedente preocupante en el país.
“Esto podría incentivar la falta de responsabilidad financiera en el sector eléctrico, al saber
que las consecuencias de una mala gestión serán asumidas por los usuarios. Esto podría
generar un impacto negativo en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones
encargadas de regular y supervisar los servicios públicos”, comentó.
Posibles alternativas
La confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico son fundamentales, pero deben garantizarse sin comprometer la equidad y justicia social. Por tal motivo, desde las asociación de comercializadoras se propuso las siguientes alternativas para la recuperación de pérdidas por parte de Superservicios.
“Es necesario que el Ministerio explore alternativas que incluyan la reestructuración de las empresas intervenidas, la búsqueda de financiamiento externo o la implementación de políticas que promuevan la eficiencia operativa y financiera en el sector. Se podría reestructurar la deuda, y negociar con los acreedores de las empresas intervenidas, extendiendo los plazos o renegociando las condiciones de la deuda”, propuso.
En esa misma línea, expuso que se puede crear un fondo de rescate sectorial: “hay la posibilidad de crear un fondo especial financiado por el gobierno, con recursos provenientes de otras fuentes, como impuestos específicos al sector energético o aportes de las empresas que operan en el mercado mayorista de energía. Este fondo podría ser utilizado para cubrir las deudas acumuladas y garantizar la continuidad del servicio”.
Otras opciones tienen que contemplar la inversión privada o subsidios focalizados. “Promover la participación de inversionistas privados en las empresas intervenidas, incentivándolos con beneficios fiscales o garantías estatales, puede permitir que asuman la deuda y contribuyan a la recuperación financiera de las empresas”.
Agregó que: “en caso de que sea inevitable recurrir a los usuarios, se podrían implementar subsidios focalizados para proteger a los hogares más vulnerables, asegurando que el impacto económico sea mínimo para quienes tienen menos capacidad de pago”.
A su vez, la optimización operativa permitirá “implementar medidas de eficiencia operativa en las empresas intervenidas para reducir costos y aumentar ingresos, lo que podría ayudar a cubrir las deudas sin necesidad de recurrir a los usuarios”.
Teniendo en cuenta lo anterior, ACCE solicitó al Gobierno, trabajar conjuntamente en
pro de lograr salir con éxito del momento coyuntural que estamos atravesando, del cual debemos aprender y rescatar las experiencias vividas, para ser resilientes y proponer las modificaciones y ajustes que conlleven a una mejor operación de nuestro sistema.
