El pasado 11 de diciembre, el Consejo de Estado negó por segunda vez la tutela con la que el Instituto Nacional de Vías (Invías) pretende levantar las medidas cautelares que mantienen suspendido el cobro de valorización.
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“El Gobierno cree que los 123.000 predios que pretenden afectar están llenos de multimillonarios, y comete una gran irresponsabilidad y un gran desconocimiento”, afirmó a EL HERALDO el senador Carlos Meisel.
El legislador señala que lo más grave de este proceso es que, a pesar de que está suspendido el cobro, el Invías avanza en socializaciones financiadas con recursos públicos. Cabe recordar que en septiembre de este año, la entidad anunció una nueva serie de audiencias públicas para la socialización del cobro de valorización en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en los departamentos de Atlántico y Bolívar.
“Se están gastando plata pública en un proceso que está suspendido y que, a todas luces, no es conveniente que esos recursos públicos estén siendo dilapidados en un proceso que todos los caminos conducen a que lo están declarando ilegal y lo van a seguir declarando”, sentenció el senador Meisel.
De esta manera, realizó un llamado a la Procuraduría General y la Contraloría para que intervengan en lo que sería un posible “detrimento patrimonial”.
“Aquí lo que uno ve, sin tener que ser experto, es que empiezan a transitar ya por un detrimento patrimonial y un peculado, que la Contraloría y la Procuraduría deberían urgentemente intervenir y efectuar las acciones y las sanciones que se requieren”, aseveró.
Ciudadanos afectados
El congresista enfatizó en que el cobro de valorización propuesto por el Gobierno afecta gravemente a las comunidades y a los territorios, principalmente porque creen que los 123.000 predios involucrados pertenecen a personas con alta capacidad económica.
“Cuando se habla, por ejemplo, de que exoneran a los ciudadanos de estrato uno, dos y tres, eso es verdad. Pero, por ejemplo, si un ciudadano en Juan de Acosta, que es estrato uno, tiene una pequeña parcela a las afueras del pueblo, ya lo consideran multipropietario y le afectan la parcela. ¿Y de dónde va a sacar ese ciudadano la plata para pagar esos impuestos?”, puntualizó.
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Asimismo, advirtió que hay comercios y hoteles ubicados en la vía atraviesan una situación económica crítica, algunos incluso en procesos de reorganización, por lo que imponer nuevas cargas tributarias resulta inviable.
En ese orden de ideas, concluyó que no hay capacidad de pago en la gran mayoría de los ciudadanos para este cobro. Y que el recaudo entraría a una “cuenta que no vamos a ver ninguno de los que contribuya ahí, ni los barranquilleros, ni los cartageneros, ni los diez municipios que se pretenden afectar”.
