A un año de haber emitido su primera alerta sobre la seguridad y confiabilidad energética del país, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, volvió a advertir al Gobierno nacional sobre los riesgos que enfrenta el sector energético colombiano.
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En una carta enviada al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el jefe del organismo de control señaló que las amenazas no solo persisten, sino que se han agravado en los últimos meses.
“Debo acudir nuevamente a esa cartera ministerial para expresar la preocupación de la Contraloría General de la República en torno a la seguridad y confiabilidad energética del país”, afirmó el contralor en el documento.
El contralor detalló que la producción nacional de crudo se redujo de 772.000 a 747.000 barriles diarios, lo que representa una caída del 4,23 %, mientras que las exportaciones de petróleo y sus derivados disminuyeron un 5,9 %, ocasionando una pérdida mensual cercana a 183 millones de dólares.
A este panorama se suma una disminución del 15 % en el valor de las regalías y del 6 % en su volumen durante el primer semestre de 2025, situación que, según la Contraloría, ha impactado los ingresos de las entidades territoriales y aumentado la deuda del Estado con las empresas de energía por concepto de subsidios.
Respuesta del Gobierno
En su respuesta a la advertencia del organismo de control, el Gobierno nacional aseguró que las observaciones de la Contraloría “confirma algo más, este gobierno es el primero que los reconoce, los enfrenta y los corrige con decisiones estructurales, no cosméticas”.
El Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, resaltó que el presidente Gustavo Petro “está cumpliendo” garantizando seguridad energética, “protegiendo a los más vulnerables, reduciendo los riesgos heredados y modernizando, por fin, un sistema energético que llevaba una década rezagado”, se lee en el documento.
De acuerdo con el balance oficial, en los últimos tres años el Gobierno logró multiplicar por quince la capacidad de generación de energía solar conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), al pasar de 156,24 megavatios (MW) a 2.311,93 MW. Asimismo, la generación hidráulica aumentó de 153 MW a 1.245 MW, lo que representa un incremento de ocho veces respecto al gobierno anterior.
El ministro explicó que este crecimiento se debe a una fase de ejecución acelerada que combina la entrada en operación de proyectos adjudicados en periodos anteriores con los esfuerzos actuales de gestión territorial, licenciamiento y articulación institucional.
A diferencia de etapas previas, el Ejecutivo enmarca estos avances dentro de la Transición Energética Justa, un modelo que entiende la diversificación de la matriz energética no solo como una cuestión tecnológica, sino también como un proceso de equidad territorial, participación comunitaria y sostenibilidad ambiental.
“No se trata únicamente de aumentar megavatios, sino de avanzar hacia un sistema energético más inclusivo, más limpio y sostenible para el país”, manifestó.
El documento destaca que el salto en capacidad instalada es resultado del fortalecimiento institucional, la actualización de los cimientos normativos y contractuales, y la aceleración de los proyectos estratégicos. Según el Gobierno, esto demuestra que la transición energética se ha consolidado como una política de Estado.
Estas transformaciones,según el ministro, se reflejan también en los indicadores económicos. Con base en los últimos datos del DANE, por primera vez en décadas la suma de las exportaciones agropecuarias e industriales supera a las exportaciones extractivas, tanto fósiles como no fósiles. Este cambio, indicó la entidad, representa un “viraje histórico hacia una economía más inclusiva productiva, sostenible e independiente, donde la generación de valor y el trabajo nacional sustituyen gradualmente la dependencia de los recursos naturales”.
Finalmente, el Gobierno reiteró que Colombia avanza hacia un modelo que prioriza la sostenibilidad, la equidad y la soberanía energética, y que “la transición no es solo un compromiso ambiental, sino también una política de justicia social y desarrollo productivo”.
El ministro Edwin Palma concluyó invitando al contralor Carlos Hernán Rodríguez a una mesa técnica en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía, con el fin de exponer los avances alcanzados y demostrar que “la seguridad energética del país no se encuentra en riesgo”.
