Durante el Foro de la Sociedad Civil, que se lleva a cabo en Santa Marta, en la previa a la Cumbre CELAC-UE, algunos investigadores y líderes locales dieron su punto de vista sobre los retos en seguridad y crimen organizado que tiene Colombia.
En el caso de Augusta Moreno Quant, investigadora del Centro de Pensamiento para la Transición Justa, la Gobernanza y la Paz, Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Colombia, mencionó que la corrupción del estado es el motor invisible del crimen organizado.
“La impunidad judicial legitima esas formas de gobernanza armada en los territorios, entonces hemos llegado a un punto donde nuestras organizaciones criminales no solamente viven de la renta del narcotráfico, sino que incluso un conflicto que antes era rural se traslada al área urbana a través del microtráfico y el blanqueamiento de activos con fachadas y paraísos fiscales”, comentó.
Resaltó que: “estamos viviendo una nueva era en el crimen, porque ya el contexto digital permite la extorsión remota, estafas con criptomonedas y todo un contexto de criminalidad que no imaginaba la gente”.
Lilia Saúl, periodista y creadora del reportaje sobre crimen organizado y corrupción, reveló que “muchos líderes del tráfico de droga identificados previamente por el Estado Colombiano circulan por México y a pesar de la advertencia el gobierno mexicano no establece operativos de captura, así que los Estados Unidos se convierten en un referente en información sobre el crimen organizado que permite que los periodistas aportemos a la lucha contra las drogas”.
Por su parte, Abraham Abrego, director legal de Cristosal, una organización de derechos humanos para El Salvador, Guatemala y Honduras, mencionó que la ‘Mano Dura’ debe tener como objetivo único la paz y reconciliación.
“En El Salvador tenemos un régimen de excepción que ya lleva más de 80.000 personas detenidas, sin procesos judiciales serios, procesos secretos, jueces sin rostro, y más de 400 muertos en cárceles bajo cuestiones dudosas de salud, además de posibles ejecuciones extrajudiciales, es decir, una mano dura de otro nivel, y este tipo de respuestas de un estado son peligrosos porque no podemos justificar la seguridad con odio o institucionalidad en las normas”, aclaró.
