La Gobernación del Atlántico revocó recientemente la licitación pública LP-0011-2025, que contemplaba obras de mejoramiento en el tramo Los Campanos–Sabanalarga, cuyo presupuesto oficial superaba los $71.900 millones.
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La decisión se formalizó mediante la Resolución 01694 de 2025, firmada por el secretario general del departamento, luego de que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública emitiera varias alertas sobre posibles irregularidades en el proceso.
El proceso había sido suspendido inicialmente el 9 de octubre, luego de que el procurador delegado Marcio Melgosa Torrado alertara sobre presuntas omisiones en temas como la reglamentación del anticipo, la vinculación laboral de jóvenes y los criterios para definir empates entre los oferentes.
Posteriormente, el pasado 22 de octubre, el ente de control reiteró sus observaciones y advirtió posibles violaciones a normas legales.
¿Cuáles son las razones detrás de la revocatoria?
La Gobernación explicó que la licitación se realizó con base en el Pliego Tipo de Infraestructura de Transporte, versión 4, el formato más reciente disponible para ese tipo de contratos. Sin embargo, reconoció que en julio entró en vigor la Ley 2479 de 2025, que exige dar prioridad a las propuestas de jóvenes egresados del sistema de protección del ICBF, una disposición que no estaba incluida en los documentos utilizados.
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Por ese motivo, y atendiendo las advertencias de la Procuraduría, la administración departamental determinó que el proceso no cumplía con la normativa actual. En consecuencia, decidió revocar el acto de apertura y cancelar la licitación en la plataforma SECOP II.
La resolución cita el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, que autoriza a las entidades públicas a revocar sus propias decisiones cuando contraríen la ley o el interés general. También recuerda fallos del Consejo de Estado que respaldan la posibilidad de anular licitaciones en curso por razones de legalidad o conveniencia pública.
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Finalmente, la Gobernación del Atlántico aseguró que la decisión busca garantizar la transparencia y la correcta aplicación de la ley en los procesos de contratación del departamento.
