La publicación reciente de varios decretos y anuncios por parte del Gobierno nacional, con el objetivo de reducir las tarifas de energía en el país —especialmente en la región Caribe—, ha despertado cuestionamientos en el sector eléctrico sobre su verdadera eficacia.
Por años, las quejas de los usuarios de Air-e y Afinia —empresas creadas tras la liquidación de Electricaribe— por los altos costos de la energía han sido una constante. Esta situación se originó con la aplicación de un régimen tarifario especial que estableció cobros adicionales, con el propósito de hacer atractivo este mercado para los nuevos operadores.
En el caso de Air-e, la condición era realizar inversiones en infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio, algo que, según los usuarios, nunca ocurrió. Por el contrario, las tarifas se incrementaron hasta ubicarse entre las más altas del país.
En medio de este panorama, durante su campaña presidencial, Gustavo Petro prometió a los habitantes del Caribe trabajar para bajar las tarifas de energía.
Sin embargo, durante los primeros años de su gobierno esta promesa no se reflejó en las facturas, y ante la crisis financiera de Air-e, el Ejecutivo decidió intervenir la empresa.
Un año después, y tras el paso de cuatro interventores, el costo de la energía en la región se redujo en un 25 %. No obstante, expertos consultados por EL HERALDO señalan que esta disminución no puede atribuirse directamente a la actual administración.
De acuerdo con Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en el Caribe, la disminución de las tarifas se ha logrado por la suma de varios factores, uno de ellos fue la acción popular por parte de los personeros de Barranquilla, La Guajira y Magdalena que impulsó a que el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenara derogar varios puntos del régimen tarifario.
Otro factor que influyó fue haber diferido a 10 años la opción tarifaria, lo que tuvo un impacto en la factura, y además al buen nivel de los embalses que supera el 80 % a nivel nacional que se ve representado en un precio en bolsa más bajo.
Por otro lado, César Lorduy, analista de temas energéticos, resaltó que la reducción de tarifas ha beneficiado principalmente a los estratos 4, 5 y 6, y algo al 3; en cambio, para los estratos 1 y 2 las tarifas incluso han subido.
“Esto refuerza la necesidad de aumentar el consumo de subsistencia en la región Caribe, que actualmente es de 173 kWh, para que las familias más vulnerables tengan una mayor cobertura del subsidio”, subrayó.
Colombia Solar
A diez meses de finalizar su mandato, el presidente Petro, a través del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha anunciado nuevas medidas para continuar reduciendo las tarifas.
Uno de los primeros anuncios de esta semana fue la puesta en marcha del programa Colombia Solar, que beneficiará a usuarios de estratos 1 y 2 en Barranquilla y busca reemplazar los subsidios de energía por techos solares.
El anuncio lo hizo el ministro en Barranquilla, que será la ciudad pionera del programa, mediante una alianza entre las empresas Gecelca y Air-e.
La propuesta del Gobierno es que Gecelca actúe como vehículo financiero del programa, administrando vigencias futuras por cerca de $8.3 billones para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa y facilitar la masificación de las soluciones solares.
Al respecto, José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, dijo que esta es una iniciativa positiva pero que no resuelve el problema estructural de los subsidios eléctricos.
“En Colombia hay 10,5 millones de usuarios de estratos 1 y 2. Si se pretendiera instalar paneles solares en todos esos hogares, el costo superaría los 200 billones de pesos. Es un esfuerzo valioso, pero marginal frente al déficit de subsidios, que ya supera los 2,7 billones solo en 2025”, explicó.
Por otro lado, recordó que las empresas comerciaizadoras enfrentan una grave crisis de liquidez. “No solo hay deudas por subsidios, también por la opción tarifaria y otras obligaciones. A septiembre, el déficit total asciende a cerca de 5,9 billones de pesos”.
Reacciones por Decreto 1072
El pasado jueves se conoció el Decreto 1072, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, con el cual se busca que los comercializadores puedan acceder a energía contratada a largo plazo, garantizando así mayor estabilidad y tarifas más bajas para los usuarios.
Lo que este decreto establece es que la generación hidráulica del país aumente su nivel de contratación.
En ese sentido, Palma señaló que, tradicionalmente, solo entre el 60 % y el 70 % de la energía se comercializa mediante contratos a largo plazo. Con el nuevo decreto, se pretende que el porcentaje llegue al 95 %, dejando solo un 5% para negociar en bolsa.
“Nuestro propósito es claro, la energía en Colombia debe ser más asequible, estable y sostenible. Es un paso más hacia la justicia energética que tanto necesita el país”, enfatizó Palma.
Una vez se conoció este decreto, que deberá ser regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en tres meses, los líderes gremiales del sector cuestionaron esta medida y le pidieron al Gobierno suspender lo y abrir un diálogo técnico con el sector para buscar alternativas que protejan a los usuarios sin afectar el sistema eléctrico.
En ese punto, el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, sostuvo que habría sido preferible aplicar mecanismos de incentivo en lugar de una medida obligatoria, para estimular de manera más eficiente la oferta de energía en contratos.
“Hoy el mercado eléctrico sigue siendo estrecho, no hay grandes excedentes de energía, y por eso lo más conveniente sería aumentar la oferta de generación, lo que permitiría contar con más contratos disponibles y precios más competitivos”, afirmó.
Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), afirmó que el decreto es una intervención desproporcionada en el mercado eléctrico.
Advirtió además que al exigir a los generadores hidráulicos vender el 95 % de su energía en contratos, restringe su libertad empresarial y limita la gestión eficiente del recurso hídrico.
“Forzar una contratación del 95 % a nivel horario es operativamente inviable y riesgoso. Un generador no puede prever con total certeza cuánta agua tendrá disponible en una hora específica”, afirmó la líder gremial.
El ministro, a su turno, a través de sus redes sociales le respondió a la presidenta de Acolgen y dijo que el decreto es una respuesta a la negativa de las generadoras de acogerse al esquema propuesto por la Creg para diferenciar los precios de generación por tecnologías.
“Si las plantas con precios más bajos no quisieron adoptar el modelo de precios por tecnología establecido en la Resolución Creg 101-066 de 2024, ahora deberán limitar sus ventas de energía en el esquema marginalista a un máximo del 5 %”.
Los riesgos del decreto
Lucas Ariza Barrios, experto del sector energético, afirmó que si bien la norma busca limitar la especulación en bolsa, tiene un alcance limitado. Agregó que para corregirlo se han anunciado nuevos decretos.
“Sin embargo, si estas medidas afectan en exceso los ingresos de los generadores y distribuidores, podrían desincentivar la oferta y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. Por eso considero que debe existir un equilibrio: las tarifas pueden ajustarse, pero con un límite razonable que no supere el crecimiento del IPC”, sostuvo Ariza.
En esa misma línea, coinciden los expertos que el problema de fondo no es normativo, sino de disponibilidad real, y más que imponer porcentajes, lo que se necesita es mayor generación y competencia para que los precios bajen. Advierten que si no hay suficiente energía, la medida puede tener el efecto contrario y encarecer los precios.
Transición no avanza
Para el senador Carlos Meisel, la transición energética avanza, pero a un ritmo muy lento. “En tres años y medio, apenas el 0,005 % de los hogares del país cuentan con energía solar”. Y agregó que hoy la energía solar apenas cubre un 4 % de la demanda nacional. El 96 % restante sigue dependiendo de otras fuentes.
“La realidad es que la transición avanza mucho más lento de lo que el Gobierno promete. Petro puede hacer anuncios y discursos, pero la realidad del ciudadano es otra. Si el país fuera como él lo describe, todos seríamos petristas”, expresó.
Finalmente, algunos expertos afirman que temen que programas como Colombia Solar y la entrega de paneles solares en el Atlántico sean su “caballito de batalla” para nuevamente ganar votos para la continuidad de su gobierno.
Estas acciones las han calificado como temas de papel y de politiquería, no de medidas estructurales, es decir solo son “paños de agua tibia” para lo que realmente necesita la región.
