A pocos días de cumplirse un año de la intervención de la empresa Air-e por parte del Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ante los problemas de liquidez de la comercializadora que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira lo único seguro es que tiene fines liquidatorios. La gran pregunta es: ¿cuándo y cómo será este proceso?
Air-e fue creada en 2020 luego de la intervención de Electricaribe, que manejaba el mercado de los siete departamentos de la región Caribe, quedándose solo con una parte de la “torta”, mientras que la otra pasó a Afinia, filial del Grupo EPM. Es decir, nació con un problema financiero heredado que en sus cuatro años de operación no logró superar. Finalmente, sus propietarios solicitaron la intervención, la cual fue ejecutada por la Superservicios el 12 de septiembre de 2024.
La compañía arrastraba una cartera superior a los 5 billones de pesos, que incluía deudas con generadores, saldos de la opción tarifaria, subsidios y obligaciones públicas, entre otros. Con este panorama, el Gobierno tomó el control de la empresa con el objetivo de estabilizarla y mantenerla a flote.
El ingeniero Carlos Diago, con amplia trayectoria en el sector energético, fue el primer agente interventor y estuvo al frente de Air-e durante 43 días. En ese periodo, y por instrucción del presidente Gustavo Petro, tomó la decisión de diferir el saldo de la opción tarifaria —deuda que en mayo de 2024 el mandatario había anunciado que asumiría el Gobierno y de la que solo faltaban entonces tres cuotas—. Ahora la seguirán pagando los usuarios por los próximos diez años.
Diago también tuvo que enfrentar las consecuencias del ciberataque que sufrió la empresa a comienzos de septiembre de ese mismo año, el cual logró vulnerar las herramientas más avanzadas de seguridad. El hackeo generó traumatismos en procesos como la entrega de facturas, la imposibilidad de realizar pagos en línea y la pérdida de información sensible.
Durante su gestión, además, eliminó de la factura el cobro del alumbrado público y abrió el camino para que más adelante se retirara la tasa de seguridad del recibo de la luz.
No obstante, la falta de recursos para sanear las cuentas de Air-e con el Fondo Empresarial, como era el propósito de la intervención, agravó la situación: la empresa se endeudaba cada día más con generadores y proveedores.
En octubre de 2024 fue relevado de su cargo y llegó como nuevo agente interventor el líder sindical Edwin Palma.
Durante su gestión, marcada por denuncias por presuntas irregularidades —las cuales investiga la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación que adelanta una actuación preventiva—, la Superservicios profirió una resolución en la que estableció la modalidad de toma de posesión de la empresa Air-e con fines liquidatorios.
Hoy, como ministro de Minas y Energía, Palma, en varias ocasiones ha afirmado que el Gobierno viene evaluando varias alternativas para Air-e. Sobre la mesa está la propuesta de liquidar la empresa y que Gecelca — la generadora de energía con mayoría estatal que tiene sede en Barranquilla— asuma la operación.
“Para dar paso al nacimiento de una nueva empresa tiene que haber liquidación de la anterior. También se pueden utilizar vehículos ya existentes, que es lo más práctico y lo más fácil. Una opción es Gecelca, propiedad de la Nación. Es una posibilidad que estamos estudiando, pero el Gobierno no está quieto frente a este tema que es de importancia para el Caribe colombiano”, sostuvo recientemente Palma.
El costo de una liquidación
La propuesta de una liquidación es más segura que buscar el rescate de la empresa, pero ¿a qué costo? Expertos consultados por EL HERALDO afirmaron que el proceso es largo y muy costoso.
Para el ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, el solo anuncio de una posible liquidación de Air-e ha generado incertidumbre y preocupación entre sus acreedores, especialmente las empresas generadoras que le venden la energía.
En cuanto al costo de una liquidación, Acosta recordó la experiencia de Electricaribe: “La Superservicios le inyectó, a través del Fondo Empresarial, $6,1 billones para garantizar la operación, mientras que los pasivos garantizados ascendieron a $7,3 billones, que finalmente tuvo que asumir la Nación. Surge entonces la pregunta: ¿estará el Gobierno nacional, en medio de su actual crisis fiscal, en condiciones de asumir obligaciones de semejante magnitud?”, se cuestionó.
Fue enfático en afirmar que, antes de hablar de liquidación, es absolutamente necesario que el ministro de Hacienda y la Superservicios gestionen los recursos para darle solvencia, liquidez y flujo de caja a Air-e, de manera que pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
En cuanto a la propuesta de sustituir a Air-e por una empresa estatal —posiblemente Gecelca—, dijo que es importante aclarar que la ley prohíbe la integración vertical. “Gecelca es una empresa generadora y no podría asumir la función de distribuidora de energía para atender el mercado que hoy cubre Air-e”.
Advirtió que si la empresa pasa de la intervención a la liquidación perdería el beneficio que gracias a una circular de la Superservicios les permite a las empresas intervenidas recibir energía de los generadores así no paguen.
“En ese escenario, si no paga la energía contratada, los generadores estarían en capacidad de cortarle el suministro, lo que incrementaría de manera considerable el riesgo de un racionamiento para los usuarios”, dijo.
Por su parte, el ex interventor de Electricaribe y experto en temas energéticos Javier Lastra dijo que hay que tener en cuenta qué tan complicado y costoso es realmente liquidar una empresa de este tipo. “Basta ver que, tras tantos años, Electricaribe apenas está culminando ese proceso”, manifestó.
Hoy vemos cómo se repite la historia, dijo Lastra. Primero con Electricaribe y, cuatro años después con Air-e. “Han pasado varios operadores —incluso internacionales— y ninguno ha logrado sostener la operación. Esto obliga a preguntarnos si el problema son los operadores o si es un asunto estructural del mercado. Yo me inclino por lo segundo”, afirmó Lastra.
En cuanto a Air-e, indicó que habría que establecer qué inversiones provinieron realmente de los accionistas y cuáles fueron recursos públicos. “Recordemos que durante la intervención de Electricaribe se aprobaron recursos por $860 mil millones mediante documentos Conpes, destinados a modernizar la infraestructura, además de subsidios y compensaciones. Incluso si los dueños hubiesen puesto capital propio, la ley es clara: cuando no hay cómo pagar a los acreedores, menos aún puede devolverse dinero a los accionistas”, explicó.
Y agregó que convertir a Air-e en una empresa pública sería retroceder 30 años, a la época de Corelca y las electrificadoras, sin atacar la raíz del problema: la pobreza energética que frena el desarrollo económico de la región.
Liquidación de Electricaribe
Lastra menciono el proceso de liquidación de Electricaribe y consideró que este está excesivamente demorado.
“Una liquidación no debe prolongarse si ya no existen activos que permitan volverlos líquidos y con ellos pagar pasivos. En el caso de Electricaribe, los activos ya fueron vendidos, la Nación asumió el pasivo pensional y los demás acreedores —bancos, generadores, proveedores— quedaron sin reconocimiento de sus deudas, que sumaban alrededor de 2,5 billones de pesos”, sostuvo.
Activos de Air-e
A su turno, Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios del Caribe, dijo que toda la infraestructura de distribución y comercialización de Air-e se calcula en cerca de $7 billones.
“Si el Gobierno quisiera convertirla en empresa pública, tendría que comprar esos activos. Pero ojo: si se hace el balance entre activos y pasivos, no alcanzaría para devolverles un peso a los socios privados, a Ríos Velilla y compañía, porque las deudas superan el valor de los activos”, afirmó.
Alarcón recordó que entre 2016 y 2020, los gobiernos de Santos y Duque inyectaron a Electricaribe 7,3 billones de pesos a través del Fondo Empresarial, con créditos asumidos por todos los colombianos vía presupuesto general. Sin embargo, con Air-e, el Gobierno no está aplicando ese mismo tratamiento, a pesar de que la ley lo ordena”, dijo el líder de los usuarios.
Al referirse a Gecelca como operador dijo que eso un “globo” lanzado. “Gecelca es del Estado, pero es solo generadora; no tiene experiencia en distribución ni comercialización. Lo responsable sería primero estabilizar Air-e.
¿Cuál fue el costo real de la venta de Electricaribe?
En 2016, Electricaribe —con capital mayoritario de la empresa Unión Fenosa— fue intervenida por el gobierno de Juan Manuel Santos. Solo hasta 2020 comenzó su proceso de liquidación. A la fecha, aún se desconoce el costo real de la venta, que estuvo a cargo del gobierno de Iván Duque.
El coordinador de la Liga de Usuarios del Caribe, Norman Alarcón, recordó que, según se conoció en su momento, los activos de Electricaribe en Atlántico, Magdalena y La Guajira fueron adquiridos por 285 mil millones de pesos por Ríos Velilla y sus socios.
Sin embargo, poco tiempo después la Creg, mediante la Resolución 078 de 2021, determinó que esos mismos activos tenían un valor de 2,4 billones de pesos. En otras palabras, fueron comprados por apenas el 11 % de su valor.
No obstante, el año pasado el ex superintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga afirmó en una entrevista que lo que realmente compró Air-e fueron activos por 28 mil millones de pesos, es decir, apenas el 0,1 % de su valor. “Un regalo total”, concluyó Alarcón.
