El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció este viernes desde Barranquilla que se adelantará una revisión regulatoria para avanzar en la consolidación de una norma que habilite la compra directa de energía por parte de la empresa Air-e y así garantizar el suministro de energía para el 2026.
Leer también: “No tiene efectos definitivos”, dice Camacol sobre nulidad de PBOT
“Vamos a motivar la posibilidad de hacer una contratación similar a la que se hizo para este año. Ojalá podamos concluir con una norma que habilite la contratación directa, como se hizo el año pasado y que permitió que este año la exposición a bolsa fuera inferior al 15 %”, sostuvo el funcionario tras una mesa de trabajo que se adelantó en la Gobernación del Atlántico.
Este proceso se viene surtiendo de forma paralela a la construcción de la solución empresarial de la compañía, como un mecanismo para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
“Esta es una manifestación de nuestro compromiso e interés en que estos tres departamentos tengan garantizada la prestación del servicio de energía eléctrica. En paralelo, seguiremos desarrollando las comunidades energéticas, que venimos trabajando con la RAP Caribe —la asociación de los siete departamentos—, y el programa Colombia Solar, para el cual esperamos tener el decreto que lo reglamente en los próximos días”, agregó.
Palma también calificó como positivo el espacio, teniendo en cuenta que ha posibilitado un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y los usuarios para avanzar en una hoja de ruta que garantice la sostenibilidad de la empresa.
“Nos faltó el señor superintendente, que espero nos acompañe en la próxima reunión. Sin embargo, hemos institucionalizado este espacio con la idea de realizarlo de forma periódica, convocando a todos los actores para determinar alertas, escucharnos mutuamente y obtener respuestas por parte del alto Gobierno frente a la prestación del servicio”, enfatizó.
Mientras que Jesús Pérez, gerente de la RAP Caribe, aseguró que este espacio fue propicio para solicitar nuevos espacios que permitan la consolidación de una empresa de generación y comercialización de energía en la región.
“Es un ejercicio que está en análisis, que se está revisando y en donde somos conscientes desde la RAP que el primer peldaño para avanzar es tener muy claras las apuestas para organizar la planificación del sistema en el Caribe”, recalcó.
En ese sentido, reconoció que “en toda la cadena hay susceptibilidades de mejora y la idea es que toda la institucionalidad del Caribe empiece a apersonarse de la situación y tener la capacidad de tomar decisiones”.
Desde los gremios
Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), evidenció durante la reunión que –actualmente– la compañía le adeuda $1.5 billones al sistema eléctrico.
Importante: Mantenimiento preventivo del Tanque Siete de Abril beneficia a más de 60 mil familias
“Este panorama es preocupante, ya que no se ha encontrado una salida. La deuda corresponde a la gestión que ha adelantado la Superintendencia de Servicios Públicos desde que decidió intervenir la empresa en septiembre del año pasado. Sin embargo, desde entonces, el pasivo ha crecido 2,4 veces, y hasta la fecha no hay claridad sobre de dónde saldrán los recursos para cumplir con las obligaciones con el sector de generación y el de transmisión”, mencionó.
Y puso de presente que “si no se paga y no se logra un acuerdo pronto, se estrechará la caja de los generadores de energía eléctrica. Las plantas termoeléctricas, por ejemplo, deben adquirir combustibles —gas y carbón— que pueden costar entre 200 y 300 millones de dólares mensuales”.
Por eso enfatizó en que es urgente encontrar una solución: “Esta debe estar liderada por la Superintendencia de Servicios Públicos, que tiene la responsabilidad de conseguir los recursos necesarios —1,5 billones de pesos— para saldar la deuda con el sector y definir una salida viable para la empresa”.
Recalcó, además, que “se requiere garantizar que la compañía pueda gestionar las compras de energía, pagar a los transmisores y cumplir con toda la cadena del sector eléctrico y de sus proveedores”.
