Este jueves en la ciudad de Valledupar, el Ministerio de Minas y Energía pondrá en marcha la socialización del borrador del proyecto de ley que será presentado al Congreso de la República para posibilitar una reducción de las tarifas de energía a través de una modernización al sector.
El ministro Edwin Palma destacó que el principal objetivo de esta iniciativa corresponde a democratizar el sistema y lograr una focalización de los subsidios a través de una correcta estratificación, entre otros.
“Esta es una ambición que tenemos en el Gobierno. Por eso queremos que nos acompañen en ese debate y recibir sus propuestas, que obviamente son absolutamente válidas y legítimas, alrededor de ese propósito noble del Ejecutivo”, sostuvo el funcionario.
Aseguró que el proyecto responde a los “reclamos” de los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3, así como de industriales y comerciales, que “ven en el programa de Comunidades Energéticas una forma de reducir sus costos alrededor de la energía y reducir los precios de la factura de energía eléctrica”.
Y agregó que la iniciativa también permite enfrentar la crisis que se vive en el Caribe colombiano, siendo enfático al sostener que “no es un problema solo de los costeños; es un problema nacional y ojalá nos ayuden para así hacérselo saber al país, en especial, a la clase política”.
Acciones contempladas
Una de las medidas incluidas corresponde a que la deuda de la opción tarifaria correspondiente a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, pueda ser asumida por aquellos con mayor capacidad de pago. Es decir, los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como del sector comercial e industrial.
Se proyecta asignar los subsidios de manera focalizada a los usuarios que realmente lo necesiten; además, aquellos usuarios que tienen mayor capacidad de pago contribuyan de manera solidaria a quienes más lo necesitan.
La cartera ministerial también explicó que la iniciativa busca que el pago de este servicio público sea independiente de otros cobros en la factura, exceptuando aquellos municipios donde se cobran conjuntamente aseo, saneamiento básico o alcantarillado.
Desde el Gobierno también se ha defendido que en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) haya representación de los usuarios, la academia y los trabajadores del sector, con el fin de que en las decisiones regulatorias y tarifarias haya un balance entre las necesidades empresariales y de los usuarios.
“También se requiere que esta entidad haga seguimiento permanente y ajuste oportunamente las fórmulas tarifarias cuando se identifiquen oportunidades de aumentar la eficiencia económica y social de las mismas”, agregó el Ministerio.
Asimismo, se pretende propiciar que las empresas públicas prioricen la compra de la energía para sus usuarios a través de contratos de largo plazo.
