A la crisis financiera y administrativa que atraviesa la empresa Air-e, intervenida por el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en septiembre de 2024, se le suma un nuevo capítulo a su ya larga historia de polémicas, que ya ha generado el paso de cuatro agentes interventores en solo nueve meses desde su intervención.
Ahora, por presunto robo de mayor cuantía en la empresa Air-e, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación que incluye la revisión que va desde los balances financieros, pagos a terceros como a las hojas de vida y contratos de los tres anteriores agentes interventores.
Así mismo, ha solicitado información de los activos y las deudas que tenía antes de ser intervenida y las post- toma. Además, solicitó de manera detallada las cuentas por cobrar como subsidios y energía al sector oficial.
Para avanzar en esta investigación, el ente acusador le envió órdenes de Policía Judicial a Air-e, solicitando los estados financieros correspondientes al periodo de la intervención —septiembre-octubre de 2024—, incluyendo: información financiera como informes de ingresos y egresos, estados de flujo de efectivo, balances de costos operativos y reportes contables que permitan evaluar el impacto financiero de la intervención, entre otros documentos.
El objeto, como reza en el documento de la Fiscalía, es el solicitar información y documentos relacionados con la intervención de la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P., “con el fin de realizar una evaluación integral de su situación financiera, administrativa, jurídica y operativa durante el periodo comprendido entre septiembre y octubre de 2024”.
La medida busca esclarecer las posibles irregularidades cometidas durante las gestiones de los tres interventores que han estado al frente de la empresa en este periodo.
Por este motivo, también le solicitó copias de los contratos de vinculación de los 11 nuevos cargos directivos creados durante la intervención. En el documento le piden específicamente que detalle los criterios de selección, funciones asignadas y los costos laborales asociados.
Adicionalmente, le piden una copia del flujo de caja ejecutado de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, detallando: Ingresos totales: recaudos, subsidios, FOES y otras fuentes de efectivo, los pagos realizados a generadores, proveedores y terceros, así como cualquier ingreso extraordinario —devoluciones tributarias, ingresos no operativos, entre otros—.
Órdenes a la Superservicios
Por otro lado, a la Superservicios, le solicitan copia del acto administrativo mediante el cual se designó a Carlos Arturo Diago Abello como agente interventor, junto con cualquier informe de seguimiento sobre su gestión.
Además, la certificación sobre el estado financiero y patrimonial de AIR-E antes y después de la intervención, para contrastar la situación en ambos periodos.
También en la orden de Policía Judicial, le solicitan el informe diagnóstico de activos y pasivos de AIR-E al momento de la toma de posesión, documento que debía presentar el agente interventor a la Superintendencia.
Asimismo, la totalidad de las actas de las reuniones de monitoreo realizadas con ocasión de la intervención de la empresa.
Revisoría fiscal
En cuanto a la parte de la Revisoría Fiscal de Air-e, la Fiscalía le solicita a la Dian las certificaciones de los montos y naturaleza de las deudas pre-toma, detallando obligaciones vencidas y no vencidas al 12 de septiembre de 2024, especificando fechas de vencimiento.
Así como también las obligaciones post-toma vencidas al 31 de diciembre de 2024, con desglose detallado de su naturaleza y estado.
Las cuentas por cobrar al sector oficial al 12 de septiembre de 2024, detallando los subsidios pendientes de pago, consumo de energía del sector oficial, deudas por consumo de energía en barrios subnormales con cláusulas de solidaridad, los saldos a favor por cobrar a la DIAN y el activo contingente por opción tarifaria.
La investigación que adelanta la Fiscalía incluye el pago que Air-e le realizó a la empresa Interaseo S.A.S. Para ello le piden los soportes que justifiquen la transacción, incluyendo comunicaciones previas sobre la deuda en litigio.
Por último, le solicitan a la DIAN la entrega de la información tributaria de AIR-E para el periodo de la intervención con el fin de verificar una posible alteración de obligaciones fiscales.
