La creación de una nueva renta parafiscal es una de las medidas que viene analizando la Superintendencia de Servicios Públicos para contar con recursos a través del Fondo Empresarial para hacer frente al proceso de intervención de la empresa Air-e.
El anuncio, sin mayores detalles, fue hecho por la entidad durante la instalación de una mesa técnica con la Contraloría y la Procuraduría para abordar la situación actual del sector energético en el país.
De acuerdo con la Superservicios, el mencionado fondo actualmente dispone de $167.000 millones, mientras que enfrenta deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas intervenidas y pasivos por $2,2 billones correspondientes a tres empresas en liquidación, incluida Electricaribe.
Es de anotar que el Fondo Empresarial contaba, a corte de marzo del presente año, con un capital de $416.500 millones. Por eso se avanza en la búsqueda de nuevos recursos, aunque “estas soluciones requieren tiempo y la deuda continúa en aumento”.
Reacciones de gremios
Desde los gremios y asociaciones de usuarios se ha pedido a la Superintendencia que se den a conocer mayores detalles de la propuesta, así como enfatizaron en la necesidad de implementar un plan robusto para hacer frente a la crisis financiera de la empresa y evitar un apagón en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, aseguró que es un avance que la Superservicios esté haciendo propuestas para resolver la crítica situación de la empresa, aunque cuestionó que se piense en una renta parafiscal debido al proceso que se debe surtir.
“Lo que vemos hoy es que la crisis, lejos de haberse reducido, se ha acentuado. Las deudas pos-toma son superiores a las deudas pre-toma. Y la situación es muy crítica, porque la deuda a los generadores, principalmente a los térmicos, viene creciendo mes a mes”, enfatizó.
En ese sentido, expuso que la propuesta hecha por la entidad no será a corto plazo: “Se necesita una ley de la República que debe surtir sus trámites, sus cuatro debates y eso lleva tiempo. Podría ser una opción paralela, pero lo que se requiere hoy es una solución inmediata, de choque”.
Y agregó que si existen soluciones inmediatas, las cuales han sido socializadas al Ejecutivo.
“Básicamente es el mismo mecanismo que se utilizó en la intervención de Electricaribe: el Ministerio de Hacienda otorgó garantías de la Nación al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y consiguió recursos en el mercado financiero. Con esos recursos se apoyó a Electricaribe para que pudiera pagar sus deudas de energía y demás gastos de funcionamiento”, recordó.
Por su parte, Manuel Fernández Ariza, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, aseguró que la prioridad debe ser la definición de un plan de acción concreto y transparente para que la Superservicios saque adelante a la empresa Air-e en medio de su intervención.
“Dentro de esas acciones está es fundamental— el fondeo, valga la redundancia, del Fondo Empresarial, de donde deben salir los recursos que le hacen falta a Air-e para operar adecuadamente. Esto implica, obviamente, comprar la energía necesaria y hacer las inversiones que garanticen un buen servicio”, aseguró.
Aseguró que la creación de un impuesto no es el método más rápido ni ágil, teniendo en cuenta que tendría que pasar por el Congreso de la República a través de un proyecto de ley que implicaría todo un trámite.
“Creemos que, desde el Presupuesto General de la Nación, es posible destinar recursos para fondear ese fondo de la Superintendencia de Servicios y garantizar así el funcionamiento de Air-e”, agregó.
Y enfatizó que “el Gobierno debe entender que los recursos que destine a esta situación deben fortalecer a la empresa, para que esta avance hacia una senda de autosostenibilidad”.
Expuso, además, que se requieren recursos con urgencia, teniendo en cuenta que la empresa le debe alrededor de $1.5 billones a las generadoras.
Y recalcó que “si estas empresas comienzan a tener dificultades o no pueden seguir adelante, entra en riesgo todo el sistema energético del país, especialmente si enfrentamos un periodo de sequía, ya que son precisamente las térmicas las que respaldan la energía en todo el país en esos momentos”.
A su turno, Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), advirtió que se debe revisar la forma de implementación de una contribución parafiscal, aunque evidenció la necesidad de incorporar recursos nuevos al fondo.
“Hay que mirar cómo se va a implementar, dónde va a recaer, a quién se le va a cobrar, quién va a terminar pagando. Sin embargo, hay que buscarle financiamiento a la situación”, dijo.
El líder gremial agregó que “estamos dispuestos a analizar desde nuevos impuestos hasta mayores capacidades de endeudamiento que pueda tener la Superintendencia. Aquí lo importante es buscar soluciones creativas al tema”.
Visión de los usuarios
Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la Costa Caribe, mencionó que hasta el momento no se conoce el monto de los recursos que se han gestionado para la empresa Air-e tras nueve meses de intervención.
“Sería muy grave que sean los usuarios, o la ciudadanía de todo el país, los que concurrirían a sostener esta renta parafiscal, con lo que no estamos de acuerdo de ningún modo. Este Fondo Empresarial tiene autorización legal de conseguir recursos a través de créditos dentro o fuera del país para el mantenimiento de las empresas de servicios públicos intervenidas”, expuso.
Además, instó al Gobierno nacional a cumplir con la normatividad y coadyuvar para que Air-e honre sus compromisos con el pago de las deudas con los generadores; y que a su vez, “el Ejecutivo le pague a las empresas comercializadoras lo que les adeuda por subsidios para los estratos 1, 2 y 3”.
