Dos años después del inicio del Gobierno de Gustavo Petro, varios son los proyectos que se encuentran a media marcha en el departamento del Atlántico y la región Caribe a pesar de su carácter estratégico.
El desarrollo de las obras del canal del Dique, la construcción de los viaductos en la vía entre Ciénaga y Barranquilla, la culminación de la doble calzada en la vía a Cartagena y una solución a las tarifas de energía se encuentran entre las tareas pendientes del Gobierno, que se suman a hechos lamentables como la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 y la falta de apoyo para la realización de una válida de la Fórmula 1.
EL HERALDO consultó a una serie de expertos y líderes gremiales alrededor de la importancia de que se cumplan estos compromisos para la región.
Obras viales pendientes
El lento avance del proyecto de doble calzada y los viaductos en la vía a Ciénaga, tanto como el retraso en las obras de la segunda calzada a Cartagena han tornado compleja la movilidad y el desarrollo económico del departamento del Atlántico y la región Caribe.
De acuerdo con Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, se debe agilizar la construcción de la Variante de Ciénaga, la cual debería entrar en funcionamiento el primer trimestre del próximo año.
“Cuando llegó el nuevo Gobierno se sabía la importancia que tenía el proyecto en la vía Ciénaga-Barranquilla, especialmente el ubicado en el kilómetro 19, que es el punto más crítico; por tal razón, hemos solicitado al Ministerio de Ambiente y a la Anla que se agilice el trámite de la licencia ambiental y paralelamente se otorgue una licencia ambiental parcial que permita el inicio de la construcción en este sector, ya que hay un avance súbito de la erosión costera”, explicó.
Por otro lado, Cepeda señaló que recientemente la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) exigió un estudio de impacto ambiental de las obras que cubra el 100% de la Ciénaga Grande, requerimiento que atrasó el inicio del proceso de construcción de los dos viaductos en la vía casi un año”.
Paralelamente, la Cámara Colombiana de Infraestructura ha manifestado que ven con buenos ojos la llegada de la nueva Ministra de Transporte, ya que “significa una nueva oportunidad para construir lazos y centrar los esfuerzos en proyectos importantes en el Atlántico como la doble calzada Barranquilla-Cartagena, un proyecto que se encuentra en abandono total y sin fecha de entrega”.
Proyecto en Canal del Dique
Aunque los gremios en la región Caribe han insistido en que no es necesario un nuevo estudio ambiental para el desarrollo de las obras en el Canal del Dique, el proyecto actualmente se encuentra suspendido debido a que no se ha realizado dicho trámite.
Al respecto, Juan Camilo Oliveros, presidente del Consejo Gremial de Bolívar, sostuvo que se debe trabajar en medidas a corto plazo para poner en marcha dicho proyecto, que impacta a comunidades de Atlántico, Bolívar y Sucre.
“Desde el principio del Gobierno le insistimos a la ministra de Ambiente que el proyecto traía por sí mismo un instrumento ambiental bastante robusto, pero la ministra quería que el compromiso se hiciera con licencia, lo cual ha retrasado el proyecto. Sin embargo, el Dique no solo requiere este proyecto, sino que también se debe trabajar en todo un paquete de medidas y programas a corto plazo, en donde haya una concurrencia de inversiones de diferentes sectores del Gobierno”, dijo el líder gremial.
Oliveros fue enfático en que puede haber una mayor articulación entre los Ministerios de Transporte y de Ambiente para poner en marcha el proyecto.
“A veces uno nota que hay fracturas entre los ministerios, cuando realmente necesitamos que actúen en conjunto para cumplir con las expectativas de las comunidades. El tema se está poniendo muy complejo, a principios de año la ministra nos dijo que iba a tener la licencia ambiental lista en 90 días, pero ya nos acercamos a la recta final del año y nada que pasa”, dijo.
En la misma línea expuso que “es importante que esta licencia ambiental llegue, pero sobretodo que esté ajustada a los términos financieros y jurídicos reales del proyectos, porque si no la ministra estaría haciendo un daño ambiental enorme a la zona. Si no arranca el proyecto en este Gobierno, la situación se va a poner mucho peor para los que lleguen y realmente el departamento no está preparado para este golpe”.
Tarifas de energía
Para Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, ha habido más retrocesos que avances en la solución a la problemática del sector energético en los últimos dos años.
“La promesa principal del Gobierno, enmarcada como la hoja de ruta de la transición en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, anunciada por la exministra Irene Vélez en el marco de la COP 27, tenía que estar lista para el mes de mayo del año pasado, pero todavía la seguimos esperando”, dijo.
En consecuencia de lo anterior, Acosta señaló que el bajo desempeño del país en la transición energética ha impedido la puesta en marcha de los primeros parques eólicos en el territorio.
“En 2022 han debido entrar en funcionamiento estos parques, que son un proyecto clave para transportar energía hasta empalmar con el Sistema Interconectado Nacional, la cual debe estar a punto en 2026, pero hasta la fecha no se ven avances”, explicó.
Asimismo, indicó que “a duras penas estamos operando a 1.200 Mw en Fuentes no Convencionales de Energía Renovable, así que la falta de esfuerzos en este asunto han provocado que Colombia pierda puntos en el ranking del Foro Económico Global pasando de ocupar el puesto 29 y 3 a nivel de Latinoamérica a ocupar ahora el puesto 39 y 6”.
En ese sentido, mencionó que mientras no se supera la crisis energética en el Caribe se encuentran en lista de espera temas como la inminencia de la importación de gas natural para suplir el déficit en los años 2025 y 2026.
Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe, se sumó a los cuestionamientos que hay con respecto a las promesas hechas por el Ejecutivo de asumir los saldos correspondientes a la opción tarifaria. En su concepto, ese es uno de los factores que repercute en el importante aumento de las tarifas que hay para los usuarios.
“Desde el inicio del Gobierno se habló de justicia tarifaria, de que iban a haber algunas rebajas en la tarifa y eso no ha ocurrido. No hay tampoco una modificación o solución al tema, cuando la ley permite incluso al Gobierno nacional actuar a través de la Creg para intervenir en la normatividad tarifaria”, comentó.
Sumado a esto, Alarcón visualiza que la situación no pinta nada bien y que se va a agravar más con el descontento de la gente en varios sectores.
“El mal servicio prestado por los operadores de energía agrava la situación y por eso se han presentado diferentes protestas en los municipios de la región Caribe. Nosotros hemos tratado por todos los medios de tener una interlocución con el Gobierno para obtener soluciones reales pero no hay nada tangible hasta el momento. El presidente se comprometió este año a pagar la deuda que había en opción tarifaria, pero tampoco se ha hecho. Pedimos que se haga una modificación a la ley de Servicios Públicos y que se incluyan todas estas propuestas que estamos realizando”, comentó.
Por el incumplimiento de pagos, Barranquilla perdió los Panamericanos
En Barranquilla todavía no asimila la oportunidad histórica que se le fue de las manos a la ciudad con la pérdida de los Juegos Panamericanos 2027. La mayoría de las críticas se centraron en el gobierno del presidente Gustavo Petro, que no cumplió con los plazos pactados con ‘Panam Sports para el pago de derechos.
En su momento, la entonces ministra de Deportes, Astrid Rodríguez, expuso a los medios de comunicación que el no giro del dinero fue una “decisión unilateral”, que en su momento se comunicó al presidente de Panam, Neven Ilic.
La funcionaria aseguró que el año anterior no se podía pagar debido a que no había flujo de caja, ya que el Gobierno “asumió” el total de los compromisos. Sin embargo, el Ministerio del Deporte ya había logrado un acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico para ellos asumir el 60 % de la financiación, mientras que las autoridades locales lo harían con el 40 %.
Finalmente, Panam Sports decidió que los Juegos se realizarán en la ciudad de Lima, Perú, a pesar de todos los esfuerzos del Ejecutivo y autoridades locales para recuperar la sede, una de las razón por la cual se considera este hecho como un 'papelón histórico’ en el país.
A eso se suma la pérdida de la oportunidad de albergar una válida de la Fórmula 1.
