La Contraloría General de la República emitió una serie de preocupaciones con relación a la propuesta que es analizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para la unificación de la remuneración del transporte de gas natural en el país.
De acuerdo con el ente de control, un incremento en dicho aspecto se trasladaría de forma directa a los usuarios del Caribe colombiano a pesar de que el componente de transporte no es el de mayor peso en la tarifa final.
Agregó el ente que este panorama conllevaría a mayores gastos y costo de vida, impacto en la canasta básica de los habitantes y en la inflación, mayores subsidios del gobierno a los estratos 1 y 2 de esta región, posibles mayores precios del combustible para la industria y pérdida de competitividad.
'No se puede dejar de contemplar el impacto que un incremento en el costo de transporte de gas natural empleado por las plantas de generación térmicas ubicadas en la Costa tendría sobre las facturas energía eléctrica de los usuarios de toda Colombia, sea esta vía precio de bolsa o vía restricciones', aseguró Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de contralor general de la República.
La Contraloría también emitió una alerta debido a que esta situación se agudizaría debido a que 'no se ha solucionado el tema tarifario en energía eléctrica y, según los últimos análisis, parece que está empeorando con las medidas tomadas por el Gobierno para controlar la demanda por el fenómeno de El Niño'.
Otros impactos
La entidad expuso que en el informe hecho por la Universidad de los Andes se calcula el costo de transporte estampilla para la Costa en US$1.18/kpc (kpc: miles de pies cúbicos), para el interior en US$2.70 kpc y en caso de agregar todos los sistemas del país en US$2.09/kpc, lo que implica una disminución del 23 % en la tarifa de transporte agregado para el interior y un aumento del 77 % para la Costa.
'Preocupa este cálculo pues si se revisan las actuales tarifas de transporte en la Costa se encuentra que en promedio para el último año son más altas (US$2.21/kpc) que lo calculado por el estudio presentado (US$1.18/kpc), lo que implica que se están posiblemente sobreestimando los beneficios', expuso la Contraloría.
La Contraloría también puso de presente que existe un 'sombrío panorama' de déficit de gas en el mediano plazo en el país, teniendo en cuenta que las reservas de gas se contabilizan para 7,2 años, siempre y cuando la producción sea constante, luego el abastecimiento a hoy es incierto.
'El gas producido al interior tiene un costo más bajo que los de la Costa, por lo que la iniciativa de método estampillado permitiría que ese gas del interior llegue también allí. Debe recordarse que mientras los campos gasíferos del Caribe están declinando, la producción en el centro ha venido creciendo por lo que eventualmente, si no cambian las condiciones, esta región enfrentará problemas de altas tarifas o escasez de gas', remarcó.
La Contraloría también indicó que al ser libre el precio de la molécula y al existir más gas en el interior que en la Costa, 'las probabilidades apuntan a que llegará más gas del centro a la Costa, si la tarifa de transporte es plana; esto supone lógicas de libre mercado que pueden no darse ante escenarios de escasez, en los cuales aumentan las presiones para los agentes del mercado, que pueden llegar en conjunto a comportarse de manera menos racional a la prevista'.
Insistió en la necesidad que se viabilicen los proyectos del plan de abastecimiento de gas natural para expansión y mejora en la infraestructura en estos servicios, como condición necesaria, aunque no suficiente para avanzar hacia la formación de tarifas eficientes.
Relación con generación de energía
La Contraloría también recalcó que el estudio no define a quiénes se beneficia o se perjudica con la medida: 'No se realiza un análisis de impactos en tarifas, capacidades de pago de los clientes, potencial desplazamiento de industrias de la costa al interior del país, o incluso disminución de la demanda industrial por cambio de combustible al perder el gas natural en la costa competitividad ante otros energéticos'.
Alertó, además, que 'no se puede dejar de contemplar el impacto que un incremento en el costo de transporte de gas natural empleado por las plantas de generación térmicas ubicadas en la Costa tendría sobre las facturas energía eléctrica de los usuarios de toda Colombia, sea esta vía precio de bolsa o vía restricciones'.
Por último expuso que 'normalmente son las entidades organizadas (empresas productoras, de transporte o regulatorias) las que velan por sus intereses y que el usuario final, que es el más afectado por las decisiones, no suele tener la posibilidad de discutir en igualdad de condiciones con los demás agentes del mercado'.
Detalles de la propuesta
A través de la circular 020 de 2024, la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG publicó para comentarios los documentos de la propuesta de agregación de tramos regulados en el sistema de transporte de TGI (filial del Grupo de Energía de Bogotá).
La propuesta que presentó la empresa Vanti, con base en un estudio que hizo la Universidad de los Andes, sostiene que la agregación de tramos regulados del sistema de transporte de TGI con el de Promigas permitirá aumentar la oferta de gas en el mercado y se realiza sobre escenarios donde partiendo de un superávit de gas, se puede incentivar la competencia entre productores de gas y así obtener ahorros en el precio de la molécula, calculados en alrededor del 23% a nivel nacional.
La agregación implica que los costos de transporte ya no dependerían de la distancia recorrida por la molécula de gas entre los puntos de producción y de consumo, sino que se tendría una tarifa única (estampilla) a nivel nacional.
