Varios anuncios y advertencias entregó el vicecontralor con funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, a su llegada este miércoles a Barranquilla. Entre las preocupaciones que maneja el ente de control se encuentra el déficit fiscal que podría generarse por la disminución en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
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El alto funcionario alertó que para la vigencia 2023 se proyecta un déficit de $810 mil millones por el pago de servicios de salud de rango diferencial que van entre los 300 a los 800 salarios mínimos legales vigentes que ahora asume la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y no las aseguradoras.
Cabe recordar que el Gobierno nacional, a través del Decreto 2497 de 2022, definió categorías de rangos diferenciales según el riesgo y se disminuyó hasta el 50 % del valor del SOAT.
'Estamos advirtiendo que para el cierre del año van a ser en promedio $810 mil millones de esfuerzo adicional en recursos de salud para garantizar estas atenciones por accidentalidad que se tienen que cargar al presupuesto nacional. También se proyecta que haya una disminución en las contribuciones y transferencias que superan los $300 mil millones, también afectando los recursos para el pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados y no asegurados', mencionó Zuluaga.
Precisó que en el estudio realizado por la Contraloría con el apoyo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) sobre el impacto de la siniestralidad vial en el sistema de salud saltaron alertas sobre el riesgo de sostenibilidad del SOAT. Reveló que la falta de coordinación de las entidades responsables como el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y el Adres podrían afectar la capacidad del sistema para cubrir los gastos de salud y la atención integral de las víctimas.
'Solicitamos priorizar acciones frente al incremento de víctimas por siniestros viales y tomar medidas urgentes que permitan garantizar la sostenibilidad del régimen del esquema del SOAT', apuntó.
En Atlántico
El contralor en funciones indicó que las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial muestran que a corte de septiembre de 2023, en el Atlántico se han registrado 212 víctimas fatales en siniestros viales, de las cuales 123 eran usuarios de motociclistas, 53 peatones y 9 de transporte individual.
En cuanto a las reclamaciones que radican las personas cuando tienen accidentes en el Adres para los meses de agosto y septiembre de 2023, sostuvo que el Atlántico fue el departamento en donde se radicó el mayor valor de reclamaciones concentrando alrededor de 20% del total en todo el país. En total de las reclamaciones en el departamento oscilan entre el 79% y el 84 %.
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'Llama la atención que para julio, agosto y septiembre de este año es el Atlántico el departamento que presenta las reclamaciones radicadas por un mayor valor de todo el país por vehículos fantasma, es decir que es donde se presenta mayor accidentalidad por vehículos fantasma y que se cobran al SOAT por parte de las clínicas que reportan estas reclamaciones', recalcó.
Por último, el contralor Zuluaga recomendó hacer seguimiento y establecer los patrones de ocurrencia de estos eventos y a modo de reflexión cuestionó la poca vigilancia de las autoridades frente a estos casos de reclamaciones.
'¿Qué está pasando con las autoridades de tránsito y salud pública del Atlántico, qué tipo de auditoría y vigilancia están haciendo a estos recursos que están cobrándoles permanentemente y que se pagan con los recursos de la salud?', anotó.
Baja ejecución presupuestal
El contralor también advirtió de una baja ejecución presupuestal por parte del Gobierno nacional faltando dos meses para concluir el año 2023.
Señaló que a corte de 31 de octubre, la ejecución general del presupuesto es del 71 %, incluyendo los gastos de funcionamiento de las entidades.
Precisó que en cuánto a las cifras por gasto de inversión se tiene que el Gobierno solo ha ejecutado un 54.4 %, siendo la Presidencia de la República y Planeación Nacional los sectores que evidenciaron los indicadores más bajos.
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Criticó el hecho de pensar en reformas tributarias cuando el recurso existente del presupuesto no lo ejecutan en su totalidad.
'Hacemos un llamado para que se tomen medidas correctivas que garanticen que tengamos al frente de estas entidades funcionarios que tengan mayor capacidad de operación de atención de estos recursos que están hoy disponibles y que seguramente muchos de ellos van a quedar en reserva presupuestal o deban ser reincorporados al presupuesto de 2025', recalcó Zuluaga.
