La decisión de la magistrada llega tras la demanda que presentaron la semana pasada ante un tribunal de distrito de California personas afectadas por las redadas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que denuncian que en los operativos se han cometido múltiples violaciones constitucionales.
La defensa del expresidente aseguró que “se ha demostrado en el juicio público la ausencia de fundamentos para las conductas que fueron acusadas”.
El expresidente es acusado de los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno.
La defensa del expresidente aseguró que ninguno de los episodios corresponde a lo planteado en la acusación durante el proceso.
El juicio comenzó luego de que el martes pasado el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema a Uribe.