Imputan cargos a 3 exfuncionarias y una activa de la Gobernación de Sucre
Habrían pagado 8 mil millones de pesos por pacientes fantasmas.
Cargos por haber incurrido en presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato de salud por más de 8 mil millones de pesos le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación a tres exfuncionarias de la Gobernación de Sucre y a una más que está activa.
Las procesadas por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros son las exdirectoras del Departamento Administrativo Seguridad Social de Salud de Sucre (Dasssalud) Judy Mary Zuleta Vergara, Martha del Carmen García Díaz y Julissa Lizet Mercado Gutiérrez, además de Keyna María Mebarak Covaleda quien para la época de los hechos era la secretaria de Hacienda y hoy es asesora en temas económicos y financieros para el departamento.
Sobre este caso el director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, Eduard Alirio Calderón, dijo que las antes mencionadas habrían facilitado el desembolso de la millonaria suma de dinero supuestamente por atenciones a pacientes con enfermedades mentales y personas con adicción a las drogas que no existían, que eran fantasmas.
Los hechos se registraron en la vigencia 2012 y 2013 con una IPS encargada de la prestación de los servicios de urgencias, hospitalización y tratamiento integral no incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) para usuarios con afectaciones mentales o adicciones a las drogas.
“Las entonces funcionarias, supuestamente, tramitaron cobros y avalaron pagos sin verificar las facturas, historias clínicas y otra documentación presentada por la IPS. De esta manera, al parecer, no se percataron o pasaron por alto que la ejecución del contrato fue sustentada con pacientes ‘fantasma’, que nunca recibieron atención”, dijo la Fiscalía a través de un comunicado en el que deja sentado que la entidad habla con resultados.
Agrega la Fiscalía que las investigaciones adelantadas dan cuenta que la IPS, de la que no revelan nombre, fue creada con ocasión del contrato investigado, por lo que no contaba con la experiencia e idoneidad ni estaba habilitada en su componente médico y administrativo para prestar los servicios que le asignó la Gobernación de Sucre en ese momento.
Este caso se suma a muchos otros similares que desangraron al departamento de Sucre en millonarias sumas de dinero y que dieron pie para que el Ministerio de Salud lo sancionara con un castigo de no enviarles unos recursos por varios años.
