La Defensoría del Pueblo ha lanzado un llamado urgente al Gobierno Nacional para implementar acciones definitivas que remedien la problemática en La Mojana, subregión afectada por la ruptura en el dique de Cara’e gato. Este llamado surge ante el anuncio de un paro programado para el próximo miércoles, 7 de agosto, por habitantes y productores de la zona, quienes exigen una solución estructural que permita reanudar y concluir las obras de cierre del boquete.
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A través de un comunicado emitido este 5 de agosto, la Defensoría manifestó su preocupación por la falta de avances en la reparación del dique, ubicado en inmediaciones de San Jacinto del Cauca, Bolívar. En este sentido, la entidad hizo un llamado al Gobierno para que tome medidas urgentes y coordinadas que pongan fin a la vulneración de derechos de los habitantes de la región. La situación actual, marcada por las inundaciones causadas por el río Cauca, ha generado serios estragos en la economía local y ha afectado el bienestar de la población.
El paro anunciado por las comunidades afectadas, denominado la ‘Gran movilización mojanera’, contempla el bloqueo de puntos clave para la movilización en la región Caribe, incluyendo el puente que atraviesa el río San Jorge en La Apartada, Córdoba. Los productores y moradores de La Mojana han señalado que esta medida es una respuesta a la inoperancia estatal y una forma de presionar para obtener soluciones concretas.
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Al respecto, la Defensoría señaló que estos bloqueos pueden llegar a tener consecuencias graves, particularmente en el traslado de pacientes que requieren tratamientos médicos urgentes como quimioterapia y diálisis, así como en la movilización de personas en situaciones de emergencia. Además, se prevén afectaciones en el transporte de carga pesada y productos esenciales de la canasta familiar, lo que podría agravar aún más la situación en la región.
Ahora bien, es importante recordar en este punto que, según reveló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el contratista encargado de cerrar el boquete de Cara’e gato abandonó la obra, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la población afectada. Ante esta situación, la Defensoría ha reiterado la necesidad de que todas las entidades del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres actúen de manera rápida y coordinada para implementar las obras de emergencia necesarias.
Los efectos del rompimiento del dique han sido devastadores para la economía de la subregión. Las actividades pecuarias y las hectáreas de cultivos han quedado bajo el agua, causando pérdidas millonarias. Pequeños agricultores han tenido que refinanciar sus deudas debido a la imposibilidad de continuar con sus actividades productivas. De hecho, se estima que alrededor de 47.000 hectáreas de cultivos han sido afectadas, 3.000 viviendas han resultado averiadas y más de 500 han sido destruidas. Además, se han registrado daños en vías terciarias y en infraestructuras educativas, lo que ha dificultado aún más la situación de las comunidades.
Por todo lo anterior, la Defensoría del Pueblo insistió en que la magnitud de la calamidad requiere una respuesta urgente y coordinada por parte del Ejecutivo, con la finalidad de evitar que se sigan vulnerando los derechos de los habitantes de La Mojana.
