Una alerta pública de salud mental, derivada de la ocurrencia de suicidios y tentativas de suicidios en el departamento de Sucre, fue lanzada por el Comité de Veeduría Ciudadana para la Vigilancia y Transparencia.
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De acuerdo con sus directivos, Viviana Romero Pérez y Francisco Mercado Bohórquez, es “preocupante la grave situación de salud mental que atraviesa el departamento de Sucre y que a corte del día 18 del presente mes y año, se registran diez (10) suicidios en el departamento, cifra alarmante que enluta a familias sucreñas y que exige una respuesta inmediata, coordinada y verificable por parte de las autoridades competentes”.
Agregan que el aumento de casos en pocos días confirma la urgencia de declarar una alerta departamental en salud mental, y detallan los casos recientes registrados en la zona rural del municipio de San Benito Abad, donde dos adolescentes le pusieron fin a sus vidas, y peor aún el caso del niño de 10 años que hizo lo mismo la noche del miércoles en el municipio de San Onofre.
“Estamos evidenciando posibles fallas estructurales en la prevención, detección temprana, atención oportuna y seguimiento de los casos asociados a la salud mental. Es el reflejo de una crisis profunda que afecta incluso a la niñez y que obliga a revisar de manera urgente las rutas de atención, los entornos protectores y los factores de riesgo presentes en las comunidades. No se trata de hechos aislados. Estamos ante un problema de salud pública que, desde la perspectiva epidemiológica y psicosocial, requiere intervención urgente, articulada, con enfoque territorial, diferencial y comunitario, y con resultados medibles”, dice la veeduría en un comunicado que le han hecho llegar a la secretarías de educación de Sucre y Sincelejo; EPS, IPS y ESE; ICBF; Comisarías de Familia; Personerías municipales; Defensoría del Pueblo; Procuraduría; Fiscalía General de la Nación; iglesias católicas y cristianas; JAC; organizaciones cívico-sociales y Policía Nacional.
Leyes a cumplir
Recuerdan a su vez a las autoridades que en Colombia existen herramientas jurídicas claras y de obligatorio cumplimiento que establecen la garantía del derecho fundamental a la salud mental, tales como la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, que adopta la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), estableciendo las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), incluida la ruta de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud mental; la Ley 1616 de 2013 (Ley de Salud Mental), que reconoce la salud mental como un derecho fundamental, y la Ley 2460 de 2025, que fortalece el marco normativo anterior, enfatizando el enfoque comunitario, la reducción del estigma, la intervención en entornos educativos y la protección de poblaciones vulnerables, especialmente niños, niñas y adolescentes.
Finalmente el Comité de Veeduría Ciudadana para la Vigilancia y Transparencia exige la conformación inmediata de un equipo interdisciplinario permanente que articule acciones para la prevención del suicidio y que a su vez verifique si se están aplicando correctamente las rutas de atención en salud mental.
“No podemos normalizar estas cifras. No podemos esperar más diagnósticos sin soluciones. No podemos permitir que más familias sufran pérdidas evitables. La vida de nuestros niños, adolescentes y ciudadanos está en riesgo. Es momento de asumir responsabilidades y actuar con determinación”.
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