La vicepresidenta del Senado de la República, la sucreña Ana María Castañeda, advirtió durante la plenaria de la tarde del miércoles 29 de octubre sobre la crisis vial que se registra en la Mojana.
Indicó que no se trata de un hecho aislado, sino que es “el síntoma de fallas estructurales en planeación, contratación y control que mantienen incomunicadas a comunidades enteras y frenan la economía regional”.
De manera puntual la parlamentaria se refirió a los corredores viales El Portón - La Ye de los Arrastres y El Cauchal - Sucre - Sucre.
Sobre la primera obra, es decir, El Portón – La Ye de los Arrastres (El Cauchal, Sucre), anotó que tiene una inversión de $41.816 millones, y tiene tramos suspendidos y por eso no presta el servicio ideal.
Ver también: Procuraduría inició investigación por posible venta de participación de Ecopetrol en Permian
Además a esta obra la Contraloría General de la República le detectó hallazgos fiscales que comprometen más del 70% de su valor. Tan solo uno de ellos es por $30.000 millones, lo que llevó al Departamento Nacional de Planeación, mediante la Resolución 1762, a suspender pagos por más de $11.000 millones.
Así las cosas dijo que “no estamos hablando de observaciones menores”, y en razón a ello reclamó veeduría y control efectivo sobre cada peso público invertido en las carreteras del departamento de Sucre.
Le sugerimos: Radican denuncia contra Verónica Alcocer por el presunto delito de estafa en favor de terceros
Con relación a la vía El Cauchal – Sucre-Sucre, que fue contratada por $138.878 millones para intervenir 56 kilómetros entre San Benito Abad y el municipio de Sucre, su ejecución ha sido fragmentada y lenta: “apenas 4 km fueron contratados por Invías, 22 km por Findeter y el resto del trazado permanece a la espera de adiciones y nuevos estudios. Retrasos por socialización, cambios de contratista y demoras técnicas tienen el proyecto prácticamente detenido, con impactos directos en el territorio”.
Fue enfática al decir que “la Mojana no necesita más promesas: necesita vías que funcionen, obras que duren y contratistas y funcionarios que respondan”.
