Si bien el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió en una entrevista a un medio de comunicación nacional que los grupos armados ilegales han infiltrado la fuerza pública, este no dijo cuántos eran y tampoco las instituciones y departamentos donde estarían.
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El funcionario del Gobierno Nacional expresó, con ocasión del plan pistola del Clan del Golfo, que una de las acciones que adelantan se da dentro de la institución de la fuerza pública para anular cualquier infiltrado que haya.
Pese a ello, en portales del departamento de Sucre y de la ciudad de Sincelejo, así como en Córdoba, circularon informaciones que daban cuenta que en la policía de Sincelejo había 20 uniformados al servicio del Clan del Golfo, lo que generó reacciones diversas entre la ciudadanía que se expresó en las mismas redes sociales.
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Desde el Comando de la Policía Nacional en Sucre si bien no hubo un pronunciamiento sobre el tema, este medio conoció que había malestar por afectar el buen nombre justo en un momento álgido para la fuerza pública y cuando habían capturado a 12 de los presuntos delincuentes que fueron enviados a prisión.
El abogado penalista y defensor de Derechos Humanos, Aníbal Garay Ávila, rechazó esas versiones, al tiempo que indicó que “como sociedad tenemos el derecho a la información, pero también el deber de ejercerla con responsabilidad. Difundir noticias sin sustento verificable puede tener consecuencias graves”, señaló.
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Además, explicó que esto último: “Estigmatiza a los miembros de la fuerza pública que sí cumplen con su deber, genera miedo colectivo y deteriora la confianza institucional”.
Finalmente, el penalista concluyó diciendo: “No defendemos a los corruptos ni a los infiltrados, pero tampoco podemos permitir que se señale a toda una institución ni a toda una ciudad con base en información dudosa o fuera de contexto. En Sincelejo hay policías honestos, que arriesgan su vida todos los días, y merecen nuestro respaldo cuando se ven injustamente señalados”.
