Al pedido de intervención y súper vigilancia a las actuaciones administrativas que viene realizando la Gobernación de Sucre para reorganizar el sector salud que le fue hecho a la Procuraduría General de la Nación se suman otras.
El abogado penalista Inocencio Meléndez Julio, elevó en las últimas horas esa misma petición al presidente de la República, Gustavo Petro; al contralor General de la República, Carlos Rodríguez Becerra; a la ministra de Salud, Diana Carolina Corcho Mejía, y al superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán López.
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A cada uno de estos funcionarios, de acuerdo con sus competencias, le hizo una solicitud especial, por ejemplo, al presidente de la República y al Ministerio de Salud les pide que intervengan el sistema de salud de Sucre, en tanto a la Supersalud le hace la solicitud de inspección, vigilancia y control al sistema de salud.
Para el contralor General centra su pedido en que ejerza el control fiscal preventivo de manera especial sobre el contrato que la Gobernación de Sucre firmó el 30 de julio del año en curso con la Sociedad Trujillo Polanía & Asociados S.A.S, para que esta realizara el diagnóstico y estudio de factibilidad del estado de los pasivos de los hospitales de la red pública de Sucre y con base en los resultado de dicho estudio el mandatario le está solicitando facultades a la Asamblea de Sucre para hacer un préstamos por la suma de 90 mil millones de pesos y con ello saldar las deudas de dichos entes de salud.
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Le hace saber además al contralor, y como ya se lo había indicado también a la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, que la ordenanza que faculta a Héctor Olimpo Espinosa Oliver para la reorganización del sector salud es 'ilegal porque otorga facultades al gobernador de manera genérica, sin precisar las facultades que se otorgan respecto a la liquidación de los hospitales'.
