El Gobierno nacional ha recibido cerca de 500 denuncias de amenazas a líderes de restitución que han derivado en cerca de 400 esquemas de protección para víctimas, en el marco de la ley 1448, o Ley de Restitución de Tierras.

El pronunciamiento lo hizo el Director Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras Ricardo Sabogal, de visita en Montería donde instauró hace pocos minutos una segunda demanda colectiva en Córdoba, en nombre de 60 familias que fueron despojadas en la década del 90 desde el predio Cedro Cocido, de 1.400 hectáreas y muy cercano a Santa Paula, en el corregimiento Leticia, zona rural de Montería.

“El de la seguridad es un tema que nosotros no desconocemos, hemos tenido problemas, han amenazado a víctimas, a funcionarios de la unidad. Lo hemos entendido como la reacción de aquellos que se robaron los predios, las investigaciones están en curso, el Gobierno no se está quedando con las manos cruzadas y desde el Ministerio del Interior se está ofreciendo sistema de protección para reclamantes que han sido amenazados. La Policía tiene una estrategia de acompañamiento a la restitución, se van a entregar los predios y habrá una estrategia de seguridad”, precisó el funcionario nacional.

Los predios fueron entregados por los Castaño en los años 90 bajo la figura que denominaron ello como reforma agraria y que ahora estarían en manos de dos testaferros.

Actualmente a lo largo y ancho del país la Unidad de Restitución de Tierras está tramitando más de 6 mil reclamaciones para reclamar un poco más de 300 mil hectáreas. En manos de los jueces están 1.500 demandas de las cuales han derivado 40 fallos.

Los departamentos donde más hay solicitudes de reclamación son: Bolívar, Antioquia, Córdoba, Cesar, Tolima, Meta y Nariño.
 

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