El sueño de los samarios de recuperar uno de sus iconos patrimoniales más importantes como lo es el teatro Santa Marta, sigue vigente, pero con algunas pesadillas. La renuencia de los comerciantes a desocupar ocho locales del edificio, es lo que hoy tiene con insomnio a las autoridades del gobierno.
Hace algo más de un año la Nación y el Distrito les dijeron a los samarios que este emblemático escenario de las artes y la cultura iba a ser renovado y que pronto volvería a ocupar el sitial de honor de otros tiempos.
En esa oportunidad la ministra de cultura, Mariana Garcés y el titular de la cartera de comercio y turismo Sergio Díaz- Granados Güida, comunicaron que esta joya arquitectónica, diseñada por el maestro cubano Manuel Carrerá, recibiría una inyección económica de 11.700 millones de pesos.
El 22 diciembre del 2011 los aludidos ministerios y el Distrito firmaron en el teatro el convenio para su restauración, acto en el que estuvo presente el entonces electo alcalde Carlos Caicedo Omar. A ello le antecedió una tertulia promovida por EL HERALDO el 12 de octubre, a la que asistió el mandatario de la época Juan Pablo Díaz- Granados Pinedo y el cantautor Carlos Vives.
En este evento se consolidó que la recuperación del Teatro Santa Marta debía ser un compromiso del sector privado y el Departamento.
El palo en la rueda. Con el nuevo gobierno, el proceso para consolidar la obra siguió. Caicedo no se cruzó de brazos.
El 3 de agosto pasado se anunció que los ministerios de Comercio y Cultura tendrían listos los estudios para iniciar los trabajos y que para dar un paso firme en el proceso habría que desalojar del edificio a los comerciantes que lo ocupaban, así como a los informales de su entorno.
Fue aquí en donde el palo se le atravesó a la rueda, pues los comerciantes, 8 en total, se niegan a salir del inmueble al considerar que para que ello ocurra deben ser indemnizados.
Bayron Valdivieso, secretario jurídico de la Alcaldía, manifestó que ellos están de manera irregular pues habilitaron los espacios para establecimientos comerciales, cuando la naturaleza del teatro no es esa.
'No existe ningún contrato y no tienen pruebas de estar pagando un arriendo', precisó el abogado.
Manifestó que el Distrito pronto resolvería esto y que para tal fin notificó al Personero para que en su condición de garante de los derechos de la población, acompañe el proceso de restitución.
Hubert Ramírez, abogado de los comerciantes, dijo que sus apoderados vienen ejerciendo la actividad económica por más de 20 años y que por tanto la Ley establece que tienen el derecho a que se les pague el buen nombre y se les renueve el contrato.
Por Agustín Iguarán
