El horror de la guerra –que tanto ha hecho daño al país– ha vuelto a apoderarse de los campus universitarios de la región Caribe, específicamente en Atlántico, Magdalena y Cesar, sedes de claustros que históricamente han estado manchados de sangre inocente por el actuar criminal del Ejército de Liberación Nacional, el EPL, las Autodefensas Unidas de Colombia, las Farc y por agentes del Estado, desde los años 70 hasta los 2000, siendo la década que va de 1997 hasta 2007, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, la de más turbulencia y dolor.
{"titulo":"En Coveñas la Armada fortalece lazos internacionales de atención de desastres","enlace":"https://www.elheraldo.co/cordoba/cordoba-armada-fortalece-lazos-internacionales-de-atencion-de-desastres-1014125"}
La historia, la horrible historia, parece volver a repetirse en pleno 2023, en medio del proyecto de Paz Total de Gustavo Petro, con la reconfiguración de los grupos ilegales en el territorio y sus ambiciosos proyectos de expansión y control social contra todo aquel que les ponga los ojos encima, siendo los investigadores del conflicto armado los nuevos blancos de las organizaciones al margen de la ley.
En total, de acuerdo con los reportes oficiales, cinco expertos de la región fueron amenazados en los últimos días: Armando Martínez, de la Universidad del Cesar; Alejandro Banco, de la Universidad Libre; Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte; Norma Vera, investigadora del Magdalena, y Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada, quien hace algunos años está exiliado luego de conocer que su vida corría peligro.
Sin embargo, al menos en la Costa Caribe, EL HERALDO pudo confirmar que el número de educadores amenazados, principalmente por el Clan del Golfo, la mayor organización narcotraficante del país, es muchísimo mayor. El silencio tras la llegada de los panfletos, de los mensajes anónimos y de las llamadas ha empezado a adueñarse de los docentes.
{"titulo":"Tenía casa por cárcel en Barranquilla y lo sorprendieron en Córdoba","enlace":"https://www.elheraldo.co/cordoba/tenia-casa-por-carcel-en-barranquilla-y-lo-sorprendieron-en-cordoba-1014043"}
Armando Enrique Martínez Rosales, un profesor de origen mexicano que está adscrito hace siete años al programa de Sociología de la Universidad Popular de Cesar, fue uno de los casos más recientes. El académico recibió un ultimátum de 40 días para salir del país por cuenta de un miembro de la zona norte de AGC por estar realizando actividades 'que no están acordes con los lineamientos de la organización' y ser 'el líder o estar detrás de los encapuchados que realizan actividades revolucionarias' en la alma mater.
'No queremos tener problemas, pero si persiste en quedarse en el territorio nacional nos veremos en la penosa necesidad de sacarte del mismo y no de la mejor manera. No queremos aplicarte una acción militar contra tu integridad física [...] no respondemos por las acciones que nuestros miembros van a realizar en tu contra [...] te vamos a meter en una bolsa y ni tu familia te va a identificar', se lee en el mensaje vía Whatsapp a través del número 5153772150.
Por su parte, Alejandro Blanco recibió una llamada desde el extranjero en el que lo amenazaron de muerte luego de participar en una entrevista donde analizaba una masacre en el Atlántico. Días atrás había recibido una foto con un cajón.
{"titulo":"Indígenas kankuamos y estudiantes de la UNAL reciben capacitación","enlace":"https://www.elheraldo.co/cesar/indigenas-kankuamos-y-estudiantes-de-la-unal-reciben-capacitacion-1014045"}
El miedo es tal que la mayoría de los docentes, que constantemente aportan sus análisis del conflicto en medios de comunicación y con organizaciones de derechos humanos, han optado –por ahora– por dejar sus líneas investigativas a un lado.
'A las organizaciones y grupos que mi trabajo académico haya incomodado o disgustado les comunico que he suspendido todas mis actividades de investigación y opinión sobre crimen organizado, violencia armada y rentas ilegales en el Caribe, también estoy gestionando el desmonte de columnas de opinión y entrevistas relacionadas con estos temas que han sido publicadas en portales web', comunicó Luis Trejos.
'Mi trabajo académico nunca tuvo como objetivo ser usado con fines judiciales o de insumo en contra de ninguna organización ilegal', agregó.
{"titulo":"Denuncian estigmatización contra líderes sociales en Córdoba","enlace":"https://www.elheraldo.co/cordoba/denuncian-estigmatizacion-contra-lideres-sociales-en-cordoba-1014039"}
La incertidumbre apenas pica y se extiende. Algunos investigadores explicaron que aunque ya radicaron las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación sus procesos avanzan a un ritmo lento, aumentando la sensación de desprotección y de nerviosismo.
'Sí, lo que está pasando es un retroceso. Hace varias décadas la academia y las universidades han sido objeto de los violentos y esto lesiona y lacera la democracia, sobre todo en un país tan necesitado de fortalecer su democracia. (…) Hasta el momento he colocado las denuncias ante las autoridades competentes, no obstante, una semana después, en lo personal no he recibido ninguna visita de fuerza pública. Es decir, no he sentido el acompañamiento institucional', explicó Alejandro Blanco, docente amenazado.
En este sentido, las organizaciones de derechos humanos de la Costa explicaron que el perfilamiento es tan grave que los grupos ilegales están creando cuentas de Twitter con el único fin de hacerles seguimiento a las distintas opiniones con respecto al conflicto por parte de periodistas y especialistas.
Por otro lado, esta casa editorial conoció que otros profesores e investigadores, que no han radicado denuncias por el mismo temor, están pensando en cambiar su domicilio o irse al extranjero por los constantes hostigamientos.
Además, dos miembros del equipo regional del Atlántico de la Defensoría del Pueblo, que trabajaron en la Alerta Temprana 022-23, que retrata la dura realidad que afrontan habitantes de Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia y Galapa por parte del Clan del Golfo, también fueron blancos de mensajes amenazantes.
{"titulo":"Capturan en Córdoba a mujer que coordinaba extorsiones a contratistas","enlace":"https://www.elheraldo.co/cordoba/capturan-en-cordoba-mujer-que-coordinaba-extorsiones-contratistas-1014025"}
En el informe del Ministerio Público, en el cual participaron especialistas del conflicto de la región, se informó sobre 'las constantes afectaciones a las comunidades' víctimas de grupos como Los Costeños, Los Rastrojos, Los Papalópez, Los Vega, Los Pepes, Los Rastrojos Caleños, las AGC, como también por grupos de carácter transnacional: Los Meleán, Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa y Cartel de los Balcanes.
Debido a lo anterior, la Plataforma de Derechos Humanos de la Sierra Nevada lanzó un llamado de SOS al Gobierno nacional para que garantice la seguridad de los educadores.
'Esperamos que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz establezca dentro de los protocolos la protección a periodistas y académicos, con libertad para investigar, publicar y participar, sin el restrictivo de la amenaza y el imperativo de la muerte', señalaron.
{"titulo":"Mujer murió tras ser arrollada por una camioneta en la vía Sahagún-Chinú","enlace":"https://www.elheraldo.co/cordoba/cordoba-mujer-muere-en-accidente-de-transito-en-la-sahagun-chinu-1014123"}
Amenazas en Sucre
EL HERALDO conoció que los grupos ilegales, además de los departamentos en mención anteriormente, también han declarado objetivo militar a educadores de Bolívar, Córdoba y Sucre, que reportó en febrero un total de 27 casos, siete más de todos los que hubo el año pasado.
Ubaldo Corrales, presidente de la Ades, consideró que la cifra debe ser mucho más 'escandalosa' porque 'todos los días hay maestros amenazados'.
'El orden público está delicado. Hay amenazas de toda índole y extorsiones por su trabajo social', explicó.
En ese departamento, según las organizaciones sindicales, hay casos graves en los municipios de San Antonio de Palmito y Ovejas.
Por otro lado, hace algunas semanas las organizaciones al margen de la ley amenazaron a 14 docentes en Cauca y a 50 en el departamento de Santander.
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