Paro minero: no volverán a la mesa de negociación mientras persistan los bloqueos, aseguró Mininterior

Luego de que se suspendieran los diálogos entre el Gobierno nacional y los líderes del paro minero, se conocieron reacciones de parte del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien aseguró que no volverán a la mesa de negociación mientras persistan los bloqueos.

Las declaraciones del alto funcionario fueron entregadas en horas de la noche de este jueves 9 de marzo, al tiempo que anunció que se aceptó la mediación de la Iglesia Católica para solucionar esta situación que se ha extendido por espacio de una semana, generando desabastecimiento en poblaciones del Nordeste, Bajo Cauca antioqueño y el San Jorge cordobés.

'Estos bloqueos han generado la perturbación de la vida de cerca de 300 mil ciudadanos que viven en 12 municipios alrededor de la región. Estos bloqueos han venido desabasteciendo la alimentación, generando hambre en los sectores rurales como lo han informado los propios alcaldes y la iglesia, con la cual hemos estado en contacto', sostuvo.

El ministro Prada agregó que 'esta afectación también está desabasteciendo el suministro de medicamentos, balas de oxígeno, de alimentación para los niños en nuestros centros de atención y de esa manera la afectación a la población en general está siendo supremamente delicada'.

Las reuniones que se vienen realizando en Caucasia, Antioquia completaron tres días consecutivos y son lideradas por cinco viceministros, sin que hasta el momento se llegue a un acuerdo.

'Después de arduas horas de trabajo les hemos comunicado que bajo ninguna circunstancia el Gobierno nacional va a seguir dialogando en la medida que en el territorio no haya libertad de locomoción, atención humanitaria a la población, a los hospitales, y podamos combatir rápidamente el hambre. Mientras persistan los bloqueos la posibilidad de que regresamos a la mesa es nula', indicó.

Además de la mediación de la Iglesia Católica, se contará con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Mapp OEA, la Defensoría del Pueblo y líderes de derechos humanos que hay en el territorio.

A su turno, la ministra de Medio Ambiente, María Susana Muhamad explicó que se viene trabajando en aras de poder solucionar la informalidad minera, pero también las gravísimas afectaciones ambientales. La destrucción está afectando el futuro de esa región.

'Hoy la acción de las retroexcavadoras que se lleva a cabo en el Bajo Cauca moviliza casi 30 millones de metros cúbicos de tierra y ponen al río Cauca toneladas de mercurio en toda esa actividad minera que va de pequeños hasta grandes dragones. Los liderazgos en el Bajo Cauca, e incluso los que están sentados en la mesa, saben que no es sostenible esta situación y entre todos tenemos una gran responsabilidad de darle la vuelta, de trascender un impacto social y ambiental'

Según la Ministra se podría tener las salidas jurídicas y técnicas para garantizar la protección del medio ambiente y garantizar los derechos de la ciudadanía que está inmersa en la minería.

'Esta es una propuesta que será integral, está siendo trabajada desde la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional viene a reforzar el trabajo sobre un distrito minero y una ruta de formalización que atenúe los impactos ambientales, ayude a entrar a las rutas de formalización a los mineros que son del territorio y que tienen esta minería tanto pequeña como mediana', sostuvo.

Para este viernes 10 de marzo se propondrá una mesa técnica conjunta.

Por su parte el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue enfático y envió un ultimátum a los miembros del paro.

'A los mineros les envío un mensaje buscando que entendamos lo complejo de la situación y que mañana es prácticamente la última oportunidad que tenemos para lograr una salida pacífica', aseguró.

También mandó un mensaje de rechazo a la violencia que, según Gaviria, en muchos aspectos ha contaminado lo que debía ser una protesta pacífica. Además, dijo que debido al compromiso del trabajo conjunto surge que este viernes se busque una salida final a la coyuntura que vive el territorio.

Saúl Bedoya, vocero del Comité Paro Minero confirmó el levantamiento de la Mesa de Diálogo con el Gobierno Nacional e invitó a una caravana este jueves hacia Tarazá.

'Llegamos a la mesa con todo el interés de diálogo y de concertación para una posible negociación, se nos quiso hacer entrar en un escenario de dilatación, en la que los ministros no hicieron presencia hoy tampoco, dada esa circunstancias, al no darse las garantías en pro de nuestras solicitudes oportunas, se consideró en conjunto suspender los diálogos porque no vemos reflejado en el escenario ni la más mínimas voluntades para que se nos conceda lo mínimo, que es llegar a nuestro territorio sin la zozobra de que se nos va a destruir los equipos con los que operamos la actividad minera', dijo.

El gremio minero exige la presencia de funcionarios con capacidad de decisión, incluyendo los ministros del Interior, Alfonso Prada; de la Defensa Nacional, Iván Velásquez; de Ambiente, Susana Muhamad; del comandante general de las Fuerzas Militares, general Elder Giraldo, y del director nacional de la Policía, general Henry Sanabria, e incluso el presidente Gustavo Petro, para analizar puntualmente la situación de paro minero.

Los dirigentes de los mineros convocaron a una caravana de vehículos con mineros para este 10 de marzo, a las 9:30 a.m. rumbo al municipio de Tarazá. Asimismo, solicitan el acompañamiento de la fuerza pública durante el recorrido.

Para el caso del departamento de Córdoba, los bloqueos a las vías se concentran especialmente en el sur del departamento, puntualmente en cuatro puntos, correspondientes a La Apartada, a la altura del Puente San Jorge; en Montelíbano, Puerto Libertador, y en el sector La Ye, vía a San José de Uré. En la zona se mantienen los denominados corredores humanitarios para el paso de ambulancias y personas vulnerables.

Cabe recordar que las protestas de los mineros artesanales, que se realizan desde el pasado 2 de marzo, están relacionadas con la exigencia que se le hace al Gobierno nacional, para que derogue el decreto que le permite a la Fuerza Pública destruir la maquinaria amarilla que sea sorprendida realizando labores de minería ilegal.