Plenaria de Senado aprueba conciliación de proyecto para eliminar casi 11 mil leyes inútiles
Se trata del proyecto de ley de depuración normativa del Ministerio de Justicia, que saca de circulación 10.667 leyes por inútiles y anacrónicas.
La plenaria del Senado aprobó la conciliación del proyecto de ley que busca eliminar casi 11 mil leyes inútiles, con lo que el articulado queda a la espera de la sanción presidencial
Se trata del proyecto de ley de depuración normativa: es decir, una ley que elimina 10.667 leyes por inútiles y anacrónicas, y que elaboró el Ministerio de Justicia en colaboración con varios legisladores.
La idea, según la cartera del derecho, consiste en “lograr una mayor concreción, claridad y efectividad de las normas que componen el ordenamiento jurídico, procurando fortalecer la seguridad jurídica, que permita a las autoridades y a los ciudadanos el cumplimiento cabal de sus funciones y el ejercicio de sus derechos”.
El Ministerio identificó que la mayoría de disposiciones a eliminar tienen que ver con temas presupuestales, créditos y gastos (2.165 normas); seguidas de 1.558 leyes sobre obras, contratos, adjudicaciones y transporte; 1.460 sobre técnica normativa; 1.237 referentes a subsidios, auxilios y reconocimientos; 1.084 que tienen que ver con lo laboral y la seguridad social; 603 sobre asuntos administrativos y organizacionales del Estado; 845 de comercio, agricultura, industria y ambiente; 764 sobre relaciones internacionales, orden público y defensa; 120 relacionadas con impuestos, tarifas y temas financieros; y 120 más sobre educación y justicia.
Juanita López Patrón, viceministra de Promoción de la Justicia, explicó que la aprobación de esta ley “ayuda a dar mayor claridad a las reglas aplicables para que sean conocidas no solo por la población y las autoridades, sino para que sean apropiadas y generen una cultura que fomente el rechazo generalizado hacia la ilegalidad y ayuden a construir de manera permanente una convivencia pacífica y sólida”.
La iniciativa tuvo como coautores a los senadores Roosvelt Rodríguez, del Partido de la U; Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Carlos Baena, del Partido Mira y al cartagenero Andrés García Zuccardi, del Partido de la U.
Al respecto, el senador Andrés García Zuccardi le dijo a este diario que "esta iniciativa dejó algunas dudas sobre la necesidad de modernización del Estado, sobre el rol de los congresistas y la verdadera eficacia de las leyes que se tramitan en el Congreso".
Agrega en este sentido el parlamentario cartagenero del Partido de la U que "el gran beneficio de la iniciativa es la modernización de la legislación con tres efectos importantes: simplifica el ordenamiento jurídico favoreciendo la agilidad del Estado y la participación ciudadana; mejora la seguridad jurídica y la relación entre Estado, lo que se traduce en mayor confianza a instituciones públicas y a su vez favorece la inversión de capitales nacionales e internacionales; y facilita el cumplimiento de la ley".
