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Consejo de Estado levanta la última inhabilidad a Piedad Córdoba

El Consejo de Estado anuló la última inhabilidad que pesaba sobre la exsenadora por considerar que la sanción “se basó en conjeturas”.

La Sección Segunda del Consejo de Estado tumbó la última inhabilidad política que pesaba sobre la exsenadora Piedad Córdoba, quien  por una sanción disciplinaria de la Procuraduría estaba impedida para ocupar cargos públicos por 14 años.

En su decisión, el alto tribunal de lo contencioso administrativo determinó que el fallo del Ministerio Público se basó en “conjeturas e indicios” y que no hubo pruebas suficientes para determinar que Córdoba incurrió en la “falta gravísima a titulo de dolo” que le fue imputada en 2012.

El argumento del Ministerio Público, entonces en cabeza de Alejandro Ordóñez, partía de que la exsenadora había hecho un aporte de 25 millones de pesos la campaña de Ricardo Montenegro, aspirante liberal a la Cámara de Representantes por el Atlántico en las elecciones de 2010, y soportó su acusación en un papel con el nombre de Córdoba encontrado en la libreta de Montenegro.

El tribunal determinó que la Procuraduría, “sin ningún documento afirmó de manera suelta que la senadora había donado esos $25 millones”, y dijo que en la investigación “se tuvieron otros documentos que permitieron establecer que no había una prueba cierta, habían indicios que de pronto se había dado una plata en favor de esta persona”.

“Para sancionar tanto en materia disciplinaria y en materia penal el indicio no es plena prueba, no es un medo que sea idóneo para ello porque juega con la vida de las personas, con sus derechos y demás”, afirmó Sandra Ibarra, magistrada ponente de la sentencia.

El Consejo de Estado ya había anulado el 9 de agosto pasado la destitución e inhabilidad por 18 años que la Procuraduría aplicó en 2010 a la senadora liberal al acusarla de apoyar actuaciones de las Farc.

En esa ocasión el tribunal consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, recolectadas en la operación Fénix con la que fue abatido el comandante guerrillero ‘Raúl Reyes’ en Sucumbíos (Ecuador), eran ilegales por haberse roto la cadena de custodia, argumento sustentado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2009 que también absolvió a la exsenadora.

Cabe resaltar que según Ibarra, no se ordenó una indemnización a favor de Piedad Córdoba porque ella manifestó que pretendía el control de legalidad sin ninguna aspiración de tipo económico.

Con la decisión de ayer del Consejo de Estado, Córdoba quedaría totalmente habilitada para regresar a la arena política y aspirar a recuperar la curul que perdió hace seis años.

Aunque separada de la política electoral Córdoba se ha mantenido vigente liderando movimientos como Marcha Patriótica y sirviendo como intermediaria entre el Gobierno y las guerrillas para la liberación de secuestrados.

“El fallo evidencia que en realidad buscaron anularme de la política para siempre y hoy recobro mi fe en la justicia”, afirmó Córdoba en Twitter tras conocer la decisión.

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