Política | EL HERALDO

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Michael Forst, relator de la ONU y Claudia Blum, canciller.

Colombia rechaza nuevo informe de la ONU

Este miércoles el relator de la ONU Michael Forst presentó su informe en Ginebra, Suiza, y mostró su desacuerdo con las declaraciones de la ministra del Interior. 

Hoy en Ginebra, Suiza, el  relator para los Derechos Humanos de la ONU, Michael Forst, presentó su informe sobre asesinato de líderes sociales en el país, sin embargo, nuevamente el Gobierno rechazó el documento.

La semana pasada también el gobierno colombiano criticó y manifestó su desacuerdo con el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y dijo que las recomendaciones expuestas eran una “intromisión” de la ONU.

En este nuevo informe, Forst detalló que “Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia”.

Registró que “históricamente la tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores y defensoras en Colombia se ha situado en torno al 95 %”.

Ante esto, EL HERALDO consultó a la Fiscalía General, pero el ente investigador no se pronunció sobre el caso. 

La Cancillería, por su parte, este miércoles en la noche, detalló algunas objeciones frente a consideraciones del informe que “no reflejan objetividad e integridad”.

En total, fueron 5 temas a los que se refirió la canciller Claudia Blum.

El primero es sobre la “supuesta criminalización estatal de los defensores de Derechos Humanos en Colombia”.

Según Blum, tal acusación es inadmisible porque desconoce las garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales del país.

El segundo hace refencia a las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales. “Son afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”, agregó Blum sobre este punto.

El tercer tema que mencionó la canciller son las conclusiones sobre la supuesta falta de determinación política y de asignación de fondos para implementar el Acuerdo de 2016.

“Desconocen de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de Paz con Legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”, expresó Blum.

El cuarto tema en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores marcó distancia fue en las supuestas restricciones estatales a la libertad de expresión, la reunión pacífica y a las consultas previas, “que se mencionan ignorando garantías constitucionales colombianas destacadas internacionalmente”.

La última objeción de la canciller fue sobre las consideraciones sobre el modelo de desarrollo de Colombia. De este quinto tema, la canciller dijo que el informe “refleja opiniones políticas subjetivas ajenas al mandato del relator”.

“Declaraciones irresponsables”. Por su parte, el relator de la ONU había manifestado su descontento con el Gobierno por no haberlo invitado al país a una visita de seguimiento a la situación de los líderes sociales, a pesar de que ya se había comprometido en hacerlo.

Forst indicó que de haberse dado esta visita, se hubiese reunido con ministros y otros funcionarios para verificar las recomendaciones de su informe que se estén aplicando.

De otro lado, el relator también se refirió a la polémica frase de la ministra del Interior, Alicia Arango, de que en Colombia mueren más personas por robos de celulares que  por ser defensores de Derechos Humanos. 

“Lamento este tipo de declaraciones irresponsables, especialmente cuando las hace un ministro en ejercicio, aunque también es el caso de algunos miembros del Congreso”, manifestó Forst.

De hecho, el relator dijo que habló del tema con el presidente Iván Duque, durante su visita a Colombia, en noviembre de 2018.

“El me dijo que recordaría en un consejo de ministros la importancia de ser consistente en la definición de los defensores y de no estigmatizarlos en las declaraciones públicas, así que espero que a este exceso de la ministra no le sigan otros”, le dijo el relator de ONU a El Tiempo.

Esta miércoles, la ministra Arango en diálogo con varias emisoras capitalinas presentó excusas por si alguien se sintió ofendido, aunque dijo que no se retractaría. “Me excuso pero yo no me retracto, porque  las cifras son esas y además la seguridad ciudadana también cuenta”, expresó Arango.

 Y agregó que “no pueden haber muertes de primera y segunda mano”.

El gobierno y los líderes. Esta no es la primera vez que por frases de personas del Gobierno se generan grandes polémicas.

Sobre la situación de violencia que viven los líderes sociales en el país, varias veces el Gobierno se ha pronunciando diciendo que sí están llevando a cabo una política de protección a los mismos.

Sin embargo, han reiterado en varias ocasiones que estos asesinatos no son sitemáticos.

El actual fiscal General, Francisco Barbosa, siendo consejero presidencial para los Derechos Humanos,  precisó: “No podemos hablar de sistematicidad ya que cada territorio tiene sus particularidades”.

Lo mismo dijo la ex ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, quien ahora es la consejera para los DDHH. Así como también lo manifestó el alto consejero presidencial para la seguridad, Juan Carlos Restrepo, entre otras personas del Gobierno.

Lo anterior, a pesar de que el exfiscal General Néstor Humberto Martínez sí reconoció la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales.

En su momento, Martínez aclaró que esta sistematicidad no involucra a agentes del Estado, pero concluyó que sí hay factores comunes que permiten determinarla.

Reacciones. Tras las declaraciones de Arango, fueron varias las reacciones, unas a favor y otras en contra.

Desde el partido gobiernista Centro Democrático defendieron a la ministra del Interior.

“La ministra Alicia Arango dijo una verdad (...) y le cayeron los de siempre para crucificarla y hacer un escándalo mediático. Claro, tenían que tapar la noticia de las barbaridades de la JEP”, señaló el senador Ernesto Macías.

Por su parte, el senador opositor Alexander Maya, del Polo Democrático, ‘trinó’: “La ministra no se equivoca, obedece a lo que ha venido orientando el presidente Duque, a quien no le interesa la vida de los líderes sociales”.

También desde la Comisión de la Verdad, el comisionado Carlos Martín Beristain, defendió la “solidez” de los informes de la ONU afirmó que “hay verdades incómodas que hay que asimilar”.

“Las metodologías de trabajo del Alto Comisionado de la ONU están probadas en múltiples países. Son informes sólidos en muy diferentes contextos, también en Colombia durante muchos años”, refirió Beristain.

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