La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó este viernes la condena de 54 meses de prisión (cuatro años y cinco meses) contra el excongresista Luis Alberto Gil Castillo por los delitos de concierto para delinquir agravado, con cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.
Asimismo, ratificó la multa de 1.424,99 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la inhabilidad contra Gil Castillo para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco años.
De acuerdo con la investigación, desde diciembre de 2018 hasta el 1° de marzo de 2019, Luis Alberto Gil Castillo “se concertó con otras personas con el fin de cometer diversos delitos en contra de la administración pública y la seguridad pública”.
En la sentencia, la Sala indica que quedó demostrado que el exsenador intervino ilegalmente ante el entonces fiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo Casas para intentar favorecer a personas con procesos en esa jurisdicción, entre esos el exguerrillero de las Farc Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.
“Sin tener la calidad exigida, gestionó el uso indebido de la función pública que ostentaba el fiscal Bermeo Casas ante la JEP (...) para incidir ante otros funcionarios de la misma entidad para la ejecución de actos tendientes a torpedear el normal desarrollo de procesos judiciales que estuvieran conociendo o les correspondiera conocer; así, el implicado también obtendría un provecho económico irregular, como en el caso de alias Jesús Santrich”, se lee en la sentencia.
Esto porque Luis Alberto Gil participó en el entramado delictivo que favoreció a ‘Jesús Santrich’ para frenar su extradición a Estados Unidos; gestión por la que el fiscal Bermeo recibió 40.000 dólares.
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“Se probó que el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, se retardó un tiempo, correspondiente al que se prometió, pues efectivamente se extravió un documento y aquel logró darse a la fuga antes de ser extraditado”, indicó la Corte Suprema.
Agregó que Gil Castillo “tenía comprensión de lo irregular de su conducta, sabía que afectaba sin justa causa el bien jurídico tutelado; y, a pesar de tal conocimiento intervino en el uso indebido de las influencias derivadas del cargo de Bermeo Casas como fiscal de la JEP, en el caso de Jesús Santich y ofrecieron la misma actividad en los casos que pudieran presentarse”.
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Cabe recordar que por este caso de corrupción el Tribunal Superior de Bogotá condenó en 2022 a ocho años de cárcel al exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Carlos Julián Bermeo por recibir en 2018 sobornos para demorar la extradición a EE. UU. de Jesús Santrich, uno de los jefes de la antigua guerrilla de las FARC, que murió en Venezuela en 2021.
En marzo de 2019 las autoridades detuvieron a Bermeo, que era fiscal de Apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, y a cuatro personas más cuando recibían 500.000 dólares para que incidieran en el expediente de Santrich. Entre los otros cuatro detenidos también estaba el exsenador Luis Alberto Gil Castillo, condenado por vínculos con paramilitares.
