El presidente Gustavo Petro aseguró que si la guerrilla del Eln decide trabajar junto al Estado para desmantelar las economías ilícitas, se abriría una nueva oportunidad para retomar diálogos.
Según el mandatario, el principal obstáculo para la paz en varias regiones del país sigue siendo el control territorial ligado al narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas criminales. En ese sentido, insistió en que una salida negociada requiere atacar las fuentes económicas que alimentan la violencia.
Petro sostuvo que, de existir voluntad real por parte del ELN para desmontar esas estructuras ilegales, podrían generarse condiciones distintas para las conversaciones y para una transformación de los territorios históricamente afectados por el conflicto.
Las declaraciones se conocen en un momento complejo para la política de “Paz Total”, que ha enfrentado tensiones con varios grupos armados y cuestionamientos por el recrudecimiento de la violencia en algunas zonas del país.
El Gobierno ha reiterado que cualquier avance en los procesos de paz deberá traducirse en mejoras concretas para las comunidades, mayor presencia institucional y reducción de las actividades criminales.
Un camino de altibajos
El Gobierno y el ELN reanudaron en noviembre de 2022 en Caracas los diálogos de paz, pero las negociaciones quedaron paralizadas en el primer semestre de 2025 tras nuevas acciones violentas atribuidas a esa guerrilla en el Catatumbo y otras zonas fronterizas con Venezuela.
El 24 de julio de ese año, Petro dio por rotas las conversaciones al cuestionar la falta de voluntad de paz del ELN. Pese al estancamiento, el presidente manifestó recientemente su intención de reiniciar los contactos y “probar la paz”, en respuesta a mensajes del jefe negociador del ELN, alias Pablo Beltrán.
Según la organización Insight Crime, el ELN opera en al menos 231 municipios en 19 departamentos de Colombia y sus principales bastiones se encuentran en los departamentos de Chocó; Norte de Santander, donde está ubicado el Catatumbo, y Arauca, fronterizo con Venezuela.
Tres años después del lanzamiento de la política de ‘paz total’ de Petro, ningún grupo armado ilegal se ha desmovilizado, aunque ha habido avances con los Comuneros del Sur, a quienes el ELN considera una disidencia.
