El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, presentó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación en el que solicita información detallada sobre el estado de las investigaciones penales relacionadas con una compulsa de copias ordenada por el Consejo de Estado en una sentencia emitida el 8 de febrero de 2018.
Esta decisión del alto tribunal tiene que ver con irregularidades halladas en documentos electorales de las elecciones al Senado del periodo 2014-2018 en las que el partido Mira perdió tres curules al Senado por la alteración que tuvo en ese momento un componente del proceso electoral.
En el documento enviado a la fiscal Camargo, el presidente argumenta que se evidenciaron alteraciones que incluirían un presunto sabotaje al software de escrutinio, lo que habría generado inconsistencias en al menos 4.150 registros correspondientes a más de 2.000 mesas de votación.
A través de esta petición, el mandatario busca establecer si el ente investigador ha adelantado actuaciones frente a los hechos mencionados en dicha providencia judicial.
En la comunicación, el jefe de Estado plantea una serie de preguntas concretas divididas en varios bloques. En primer lugar, solicita confirmar si la Fiscalía recibió la compulsa de copias derivada de la sentencia, así como la fecha de radicación, el número de ingreso al sistema y la dependencia encargada del trámite.
“¿Considera la Fiscalía General de la Nación que los resultados de la investigación ordenada en 2018, o la ausencia de ellos, tienen relevancia para garantizar la integridad del proceso electoral del 31 de mayo de 2026? ¿Ha coordinado la Fiscalía con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral o cualquier otro organismo del Estado alguna medida preventiva derivada de los hallazgos de la investigación sobre el software electoral de 2014?”, es uno de los interrogantes.
Adicionalmente, pide precisar si se abrió una indagación preliminar o una investigación formal. En caso afirmativo, requiere información sobre el número de radicado, la calificación jurídica de los hechos, la unidad asignada y el estado actual del proceso. De no haberse iniciado acciones, solicita explicar los fundamentos jurídicos y fácticos de dicha decisión, en lo que él plantea como una “urgencia democrática”.
El documento también indaga sobre las decisiones adoptadas desde 2018, incluyendo si se han practicado pruebas, si existen personas vinculadas o imputadas, y si se han tomado medidas como aseguramientos o eventuales cierres del caso.
Entre los puntos señalados, se menciona la posible vinculación de la empresa encargada del software de escrutinios y sus representantes legales, así como las actuaciones adelantadas para esclarecer eventuales irregularidades.
El presidente argumenta que la información solicitada es de alto interés público, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales previstas para 2026, y subraya la importancia de garantizar transparencia y confianza en las instituciones democráticas del país.
Con este requerimiento, el mandatario busca claridad sobre el avance de procesos que, según el documento, tienen relevancia para el sistema electoral y el funcionamiento del Estado colombiano.
El debate del software electoral
Precisamente el debate en torno al ‘software’ electoral ha venido escalando en las últimas semanas previas a las elecciones presidenciales y antes de las legislativas.
En su momento, el registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a los cuestionamientos del Pacto Histórico y anunció que está autorizada una auditoría forense a los diferentes softwares y a los resultados de los comicios.
Penagos sostuvo que entiende las preocupaciones propias del debate político, pero pidió “no llevar la discusión a extremos” que puedan generar riesgos o tensiones innecesarias.
“Entiendo la preocupación, porque en la política es así pero no lleguemos a extremos que terminan matando gente por esto, llevémoslo a sus justas proporciones. Si hay que hacer auditoría forense, está autorizada”, explicó Penagos.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió: “Yo no llego a extremos, quiero que se cumpla el fallo del Consejo de Estado que la Registraduría no ha cumplido por someterse a Thomas Greg & Sons por razón desconocida. El software debe ser del Estado y desde el Estado, y las auditorías técnicas independientes al Estado son fundamentales para la transparencia democrática. El fraude es el que lleva a la violencia. Alejemos ese peligro de Colombia”.
Piden a Petro frenar denuncias sin pruebas
El derecho de petición se conoce luego de algunas audiencias que se han llevado a cabo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que estudia una demanda que busca impedir que el presidente Petro hable, sin pruebas, del supuesto fraude electoral.
Precisamente el Ministerio Público pidió acceder a las pretensiones que buscan imponer este freno a Petro, considerando que su narrativa pone en duda la transparencia del proceso electoral, especialmente en lo relacionado con presuntos fraudes, manipulación del ‘software’ utilizado en el escrutinio, posibles alteraciones en el kit electoral, irregularidades en el diligenciamiento o manipulación de formularios y tarjetones, y otras consideraciones sobre este proceso.
Durante la audiencia pública, representantes de la Procuraduría plantearon que las declaraciones del jefe de Estado sobre un posible fraude, realizadas sin evidencias, podrían afectar la confianza en el proceso democrático.
El procurador delegado Juan Carlos Villamil afirmó que estas afirmaciones podrían representar una amenaza para el normal desarrollo de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está programada para el próximo 31 de mayo.
Según explicó el funcionario, las declaraciones del mandatario, en las que ha cuestionado el software de transmisión de resultados de las mesas de votación y otros aspectos del sistema electoral, se han realizado sin evidencias que respalden esas denuncias.
