L a candidata presidencial Paloma Valencia lanzó duras críticas contra un reciente decreto del Gobierno nacional que regula la negociación colectiva por sectores, al advertir que la medida podría alterar el equilibrio entre empresas y organizaciones sindicales en el país.
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Según la dirigente del Centro Democrático, la norma introduce cambios que, en su criterio, permitirían a los sindicatos ampliar su influencia dentro de las compañías, al punto de acceder a información sensible y participar en decisiones que tradicionalmente han sido de resorte empresarial.
Valencia también expresó reparos frente a la posibilidad de que los acuerdos alcanzados a nivel sectorial se vuelvan obligaorios para todas las empresas de una misma actividad económica, independientemente de su tamaño o situación financiera. A su juicio, esto podría generar presiones adicionales para compañías con menor capacidad operativa.
“Esto llevará a la quiebra inminente a más de una empresa. Es absurdo que impongan exigencias sindicales por sectores sin tener en cuenta las condiciones de cada compañía. Sin importar si una empresa está pasando por un mal momento, se encuentra en insolvencia o está luchando por evitar la quiebra, igual deberá cumplir lo pactado por su respectivo sector”, aseguró la candidata presidencial.
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Otro de los puntos que generó controversia es el relacionado con los aportes sindicales. La candidata señaló que el decreto podría derivar en la obligación de contribuir económicamente incluso para trabajadores no afiliados, lo que, según afirmó, abriría un debate sobre la libertad de asociación.
“En las negociaciones no habrá límites. Los sindicatos podrán exigir negociar todos los temas laborales de las empresas. Todas las negociaciones en las empresas quedarán amarradas al pacto que realicen los sindicatos de los sectores. Esto deja las manos atadas a las empresas. Prácticamente le da rango de ley a las convenciones sindicales. Todos los trabajadores deberán pagarles la cuota a los sindicatos, así no hagan parte de esas organizaciones. Como todas las empresas quedarán cobijadas por convenciones sindicales por sectores, todos los trabajadores deberán pagar. El Gobierno creó una nueva especie de impuesto para enriquecer a los sindicatos”, agregó.
En ese contexto, anunció que interpondrá una demanda contra la norma al considerar que vulnera la autonomía empresarial y podría tener efectos negativos sobre el sector productivo. El decreto, expedido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha abierto un nuevo frente de discusión en el país sobre el alcance de la negociación colectiva y el papel de los sindicatos en la economía. Mientras algunos sectores defienden la medida como un avance en derechos laborales, voces críticas advierten sobre sus posibles impactos en la sostenibilidad de las empresas.
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La controversia se suma al debate político en curso, en medio de un escenario electoral donde las propuestas en materia laboral y económica han cobrado especial relevancia.
