El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga y el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicaron en el Congreso el proyecto de ley que busca penalizar de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos en Colombia.
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El pasado 27 de noviembre, el Gobierno había anunciado un endurecimiento en la vigilancia de insumos químicos que podrían emplearse para la fabricación de fentanilo, en un movimiento que busca “responder a la amenaza” a cualquier intento de producción local de este potente opioide.
De esta manera, se fortalecerán los controles sobre sustancias como ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, éter etílico y tolueno.
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La iniciativa plantea sancionar “de manera diferenciada el tráfico, la fabricación, el desvío, la comercialización, la financiación y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos en el territorio nacional, atendiendo su extrema peligrosidad, su elevada letalidad y su impacto en la salud pública, la seguridad ciudadana y el orden social”.
Asimismo, el proyecto propone la creación del Artículo 376A con el que se impondrían penas entre 140 y 360 meses de prisión.
Además, se colocarían multas entre 1.334 y los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Entre los agravantes que plantea el proyecto se establece la utilización de menores de edad, el desvío de fentanilo desde instituciones de salud, su adulteración, la participación de estructuras criminales organizadas y el uso de esta actividad para financiar grupos armados ilegales.
Los profesionales de la salud que prescriban o suministren de manera ilegal el fentanilo también podrán enfrentar penas de hasta 144 meses de prisión, multas e inhabilidad por 180 meses.
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Por su parte, se haría un ajuste en el artículo 68A del Código Penal para excluir beneficios a los que incurran en el delito como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el proyecto responde a un enfoque preventivo y de control temprano frente al fenómeno del fentanilo.
“Este es un proyecto de ley preventivo: buscamos impedir que los laboratorios de fentanilo que operan en otros países lleguen a Colombia. Todo lo relacionado con su fabricación, transporte, desvío, distribución o exportación será penalizado con penas que van de 10 a 30 años. Estamos cerrando cualquier posibilidad de que estas estructuras criminales se instalen en el país.”, afirmó.
“Colombia lucha de frente contra el narcotráfico. Invitamos al presidente Trump y al Gobierno estadounidense a ver de cerca cómo estamos destruyendo laboratorios cada 40 minutos y decomisando cifras históricas. Este proyecto de ley es otra muestra de que Colombia no será plataforma ni corredor para el fentanilo”, puntualizó.
