Con 50 votos por el sí y 27 por el no, y a tan solo un par de horas de haber arrancado la discusión, la plenaria del Senado aprobó este jueves en segundo y último debate el Presupuesto 2026, avalando la posición que acogió el texto que salió de la Cámara de Representantes el pasado miércoles.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que “este avance refleja el compromiso del Gobierno con una gestión fiscal responsable y enfocada en el bienestar”.
Por su parte, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuestionó: “El Senado aprueba la proposición de acoger el texto del presupuesto de Cámara. Advertimos que nuevamente no dejaron discutir las proposiciones”.
La plenaria de la Cámara aprobó el pasado miércoles en segundo y último debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2026, que asciende a $546,9 billones, representando un incremento del 7% frente al Presupuesto de 2025, que fue de $511 billones.
La segunda ponencia del Presupuesto se redujo en $10 billones frente a lo planteado en la primera ponencia, avalada hace un par de semanas por las Comisiones Económicas Conjuntas.
No obstante, hubo incrementos en educación: un aumento de $6,6 billones (+8,1%), alcanzando un total de $88,2 billones, el presupuesto más alto en la historia de este sector; salud: incremento de $11 billones (+16,4%), para un total de $78,1 billones; trabajo: aumento de $3,3 billones (+6,2%), llegando a $56,7 billones; y defensa y Policía: incremento de $5,7 billones (+9,5%), para un total de $65,8 billones.
Asi mismo, en transporte: un aumento de $3,2 billones (+18,6%), alcanzando $20,5 billones; el inclusión Social: incremento de $2,4 billones (+23,3%), para un total de $12,7 billones, con el propósito de seguir atendiendo a las poblaciones más vulnerables.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, el ente que vela por la garantía de los derechos humanos en el país, tuvo una reducción del 5%, quedando en $1,19 billones.
Luego del Presupuesto, el Congreso se preparará para el debate de la ley de financiamiento o reforma tributaria, en la que el Ministerio de Hacienda se comprometió a ajustar el valor de $26,3 billones a $16,3 billones.
Desde la Bancada Caribe, la representante a la Cámara, Juliana Aray, del Partido Conservador, advirtió que, aunque Bolívar fue incluido como el cuarto departamento con mayor inversión nacional para 2026, con $3,2 billones asignados en el Presupuesto General de la Nación, la baja ejecución de los ministerios podría poner en riesgo las obras en el departamento: “Una cosa es anunciar recursos y otra muy distinta ejecutarlos. Bolívar aparece con un presupuesto alto, pero sin garantías de que esos recursos realmente lleguen al territorio”.
La congresista explicó que la inversión proyectada para Bolívar disminuyó un 5 % frente a 2025, y que una parte importante de los recursos proviene de fuentes condicionadas a una reforma fiscal que aún no ha sido aprobada, por lo que existe incertidumbre sobre su disponibilidad real: “El Gobierno Nacional no puede seguir comprometiendo a los departamentos con presupuestos que no están asegurados. Si esas fuentes no se materializan, las obras quedarán en el aire”.
Por su parte, el senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático, aseveró que “el presupuesto sigue inflado, desequilibrado y con un hueco de financiamiento de $16,9 billones, que depende de una desconocida y nefasta reforma tributaria. Este presupuesto demuestra que el país perdió el rumbo fiscal. En tan solo tres años, el presupuesto ha crecido más de 200 billones de pesos frente a 2022, pero ese aumento no se traduce en inversión. La mayor parte de los recursos se ha destinado a gastos de funcionamiento, en una burocracia cada vez más costosa y un aparato estatal que no produce resultados”.
Y llamó la atención sobre el recorte del 47,3% en la inversión de la Defensoría del Pueblo frente a 2024, lo que afectará su capacidad operativa y su papel en la defensa de los derechos ciudadanos: “Es preocupante que, en un año clave para la democracia, el Gobierno debilite las instituciones que garantizan la transparencia y la vigilancia electoral. Colombia, con el gobierno corrupto y derrochón de Gustavo Petro, necesita más control y garantías, no menos”.
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A su vez, el senador y precandidato presidencial del Partido Conservador, Efraín Cepeda, advirtió: “No vamos a votar con los ojos cerrados una reforma tributaria de $16 billones. El Gobierno no ha ejecutado $80 billones que tiene guardados y sí quiere seguir ‘metiéndole’ la mano al bolsillo de los colombianos y a las fiducias de las regiones. Está claro que los recursos que buscan no son para obras, son para politiquería. No vamos a permitir esa irresponsabilidad”.
Y el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, insistió en que “no queremos más impuestos para el ciudadano, este país no aguanta medio impuesto más, además que ellos no siquiera están recaudando lo que ellos esperan, desde que llegaron han venido presentando unos presupuestos inflados que no corresponden a la realidad”.
El pleno de la Cámara de aprobó por 74 votos a 24 el proyecto del Presupuesto presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La jornada en el Salón Elíptico de la Cámara se llevó más o menos de 9 de la mañana a 9 de la noche del miércoles y los artículos de la iniciativa fueron aprobados en bloques por las mayorías de la corporación de representación regional.
Fueron avalados los 91 artículos originales y discutidas las 213 proposiciones. Entre los puntos más polémicos aprobados están el de la disminución de $151 mil millones de los requerido por la Defensoría del Pueblo y el traspaso al Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, de $289 mil millones en plena época electoral.
Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara de la Alianza Verde y coordinadora ponente, aseguró que “no se está aprobando un presupuesto para un gobierno sino para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. (...) El Gobierno no quedó satisfecho porque le recortaron recursos al monto; algunos parlamentarios tampoco porque sus propuestas quedaron como constancia. Todos cedimos en medio de las diferencias. Esa es la labor que nos corresponde, deliberar y sacar adelante las iniciativas”.
Ahora la iniciativa irá a sanción presidencial.
